En la Mira / Héctor Estrada

Ya se habían tardado los “pulpos” del transporte público en Chiapas para salir nuevamente a amenazar a la población con un nuevo incremento al precio del pasaje que, si bien podría tener argumentos, huele a otra de las acostumbradas estrategias de extorción sistemática por parte de ese sector para acceder a recursos extraordinarios.

Para no variar el pronunciamiento se dio en voz de Bersaín Miranda Borrás; el mismo personaje que durante los últimos años se ha valido de su poder de movilización como líder del transporte público en Chiapas para acceder a una serie de beneficios económicos, fondos gubernamentales y hasta puestos públicos.

Miranda Borrás es uno de los cuatro líderes del transporte en la entidad que a lo largo de la última década, de manera tramposa, han acumulado el mayor número de concesiones. Sus vínculos estratégicos con los gobernantes en turno y la corrupción evidente dentro de la Secretaría de Transportes de Chiapas les han facilitado amasar el ilegal imperio.

Su desproporcionado empoderamiento durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero los colocó en sitios privilegiados, pero además les mostro la ruta para mantener una práctica de extorsión sistemática y periódica que en cuestión de seis o siete años les permitió elevar el costo del pasaje dentro del transporte público en más de un 30 por ciento.

Como ahora, el argumento ha sido prácticamente el mismo: el incremento periódico a los costos de los combustibles y refacciones que, aseguran, mantienen al sector en una crisis de rentabilidad casi permanente. Sin embargo, los concesionarios se han encargado de propagar verdades a medias, tramposas y mañosas que distan mucho de la crisis que tanto vociferan.

Los señores dueños del transporte público en Chiapas han evitado por años exponer sus ingresos reales y el número de unidades (con o sin renta de placas y prestanombres) que están verdaderamente bajo su posesión. Han omitido cifras concretas como los 36 mil pesos mensuales que en promedio ingresan por cada una de las unidades en servicio.

En datos duros, son mil 200 pesos que se debe entregar como cuenta diaria por unidad, el resto es salario para el o los choferes que ni siquiera cuentan con prestaciones laborales mínimas como el acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, vacaciones, días festivos, fines de semana, fondos de ahorro para el retiro y ya ni hablar de aguinaldo o jubilación.

Y sobre el chofer (que realmente es quien trabaja la unidad y por lo tanto la concesión) también recae la responsabilidad de pagar la gasolina, no sobre la cuenta diaria que recibe el concesionario cómodo cuya única responsabilidad es mantener la unidad en buenas condiciones, cosa que evidentemente no cumple a cabalidad. Ahí está la mayor contradicción a la dichosa crisis de rentabilidad que acusan como pretexto reiterativo.

Porque con los últimos aumentos al precio del pasaje lo único que ha incrementado es la tarifa o cuota para los concesionarios. El ingreso del chofer sigue dependiendo del trabajo diario. Así de simple. Quienes terminan engordándose los bolsillos son los mismos “pulpos de siempre” que cada año salen con la misma cantaleta para conseguir su aumento salarial anual.

Urge, como desde hace muchos años, una revisión a fondo dentro de dicho sector para sacar a la luz el “cochinero” que pudre las entrañas de un sistema tan importante como es el transporte público. Porque la ciudadanía no puede seguir siendo presa de los caprichos y mañas de un sector empoderado bajo la complicidad omisa de autoridades estatales que gran culpa tienen en tan indignante situación.