Alerta Chiapas

Texto y fotos: Ángeles Mariscal CHIAPAS.- Augusto Joao Kasso pasa varias horas del día sentado en el escalón ubicado afuera de la puerta de una pequeña vivienda en Tapachula, Chiapas,en la frontera sur mexicana. Ahí ha permanecido las últimas semanas, a veces en compañía de otros migrantes que rentan espacios en los alrededores, mientras esperan que autoridades migratorias resuelvan sus solicitudes de refugio, recurso que se otorga a personas que han demostrado que salieron de sus países porque su vida se encuentra en riesgo. De acuerdo con la ley migratoria mexicana, en tanto no regularicen su estancia en el país, no pueden acceder a trabajo, y corren el riesgo de ser deportados. Para Augusto y su familia, esto sería una vuelta sin regreso hasta Angola, África. La espera los enfrenta a una frontera más que hay que atravesar, la de la xenofobia; un rechazo que se refleja en su nueva cotidianidad en este país donde no desean permanecer. Llamar “vivienda” a esos espacios que ahora ocupan miles de migrantes en Tapachula es decir mucho. A diferencia de la población migrante latina, que más fácilmente se puede integrar a las localidades, los africanos y haitianos que rentan cerca del centro de esta ciudad se han visto obligados a confinarse en lugares con dos habitaciones de unos 12 metros cuadrados cada una. Por ella llegan a pagar 4 mil pesos mensuales, una cantidad tres veces mayor a la que se cobraría a una persona mexicana. La Encuesta Nacional de la Población Refugiada en México, que da a conocer el perfil socioeconómico y demográfico de las personas solicitantes de la condición de refugiado, señala que la mayoría, el 74 por ciento, depende de empleos eventuales y sin contrato en México. Esto no impide que haya un aumento selectivo en el costo de productos y servicios, que de manera discrecional aplica gran parte de pobladores locales, a migrantes. “Hay personas bondadosas, pero no todos. Algunos (pobladores) nos ven mal, no quieren que estemos acá”, señala Augusto. En las habitaciones que renta, se encuentran dos niñas de unos 7 años, gemelas que lucen una gran sonrisa de dientes blancos, y múltiples trenzas apretadas y brillantes. Se acercan a la puerta y Augusto se levanta con apremio y les pide se retiren al interior. Asegura que algunos vecinos han sido hostiles y los han acusado, injustificadamente, de realizar robos. “Son racistas”, señala. No le faltan razones, apenas el 14 de octubre pasado, una mujer que se asume como comunicadora y activista política de la ciudad de Tapachula escribió en sus redes sociales: “Esos grupos descontrolados de migrantes son parias. Si no nos organizamos, seremos rehenes en nuestra tierra!”. Acompañó el mensaje de un video donde vecinos de una colonia llegan a una casa que, aseguran, ocupan ilegalmente un grupo de migrantes. Este mensaje es una muestra de las publicaciones que cotidianamente publican medios de comunicación locales, donde se acusa a migrantes de ser causantes de inseguridad, de beneficiarse injustamente de recursos públicos, de propagar enfermedades. Apenas este mes, en el marco de la confrontación entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán, medios publicaron notas que hacían alusión a presunta “preocupación” de EU y México por presunta actividad terrorista en Chiapas. A estas acciones se suman declaraciones de otros sectores como la de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la zona fronteriza del sur, quienes han pedido desde desalojar de espacios públicos a los migrantes, hasta impedir su entrada al país porque, a su ver, son los causantes del “colapso de la economía” en la región. Eso ha señalado de manera reiterada el líder empresarial en la región. Al ambiente de discriminación y xenofobia se han sumado instituciones de gobierno. El 29 de noviembre, la Secretaría de Salud de Chiapas dio a conocer cifras sobre población con VIH-Sida, y puso especial énfasis en que “de 662 casos detectados, 45 eran de población migrante”. En su comunicado oficial, la dependencia no desagregó las cifras de otros sectores poblacionales. Meses antes, medios de comunicación reprodujeron declaraciones semejantes de funcionarios de esta dependencia. El Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred) inició una investigación por estas declaraciones. “Zona libre de discriminación” El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que “durante 2019, México fue un referente mundial en la movilidad humana. Señaló que además de los puntos de internación formales a México, instaló 67 puntos de revisión adicionales, a fin de cubrir mil 149 kilómetros en la frontera sur y norte”. El resultado fue que el año que pasó, 179 mil 971 personas extranjeras con condición de estancia irregular fueron detenidas; de ellas, alrededor de 70 mil son solicitantes de refugio. La política de contención migratoria que se implementa en la frontera sur de México provocó que en 2019, en Tapachula y otros municipios de Chiapas se multiplicara la población migrante. El endurecimiento de la frontera de Estados Unidos y su rechazo a recibir a migrantes hizo que para muchos, México pasara de ser un país de tránsito, a un país de destino. En 2014, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 2 mil 136 solicitudes de refugio en México; en 2018 la cifra fue de 29 mil 600, y para 2019 cerrará con más de 70 mil solicitudes de personas migrantes. Las solicitudes son en su mayoría de migrantes de Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Nicaragua; pero también de diversos países de África y Asia. Son personas que huyen de situaciones de violencia y persecución. Para organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), “México sí o sí va a ser la opción para quedarse”, y de acuerdo con especialistas, la cifra de personas que salen de sus países irá en aumento, porque a las causas actuales se está sumando la migración derivada del cambio climático. Ante ese escenario que parece irreversible, organismos como el Acnur iniciaron enChiapas proyectos comunitarios para crear condiciones de integración y coexistencia pacífica entre la población migrante y la local. “Zona libre de discriminación”, se lee en un gimnasio popular ubicado en la comunidad Pakal-Na, en el municipio de Palenque, Chiapas. Ese municipio es uno de los principales centros turísticos del país, pero también es uno de los principales lugares de la frontera sur de México, donde confluyen migrantes que entraron de manera irregular al país. Sólo entre el 15 y 20 por ciento de los usuarios del gimnasio son utilizados por población migrante, pero el impacto de ver el mensaje queda en la población local, y se constituye como un punto de reflexión interna que se va con los jóvenes del lugar, considera Pierre-Marc Rene, oficial de comunicación del Acnur en México. Este organismo ha realizado intervenciones en poblaciones donde la coexistencia de población local, migrantes de paso y refugiados de otros países es constante. En “escuelas solidarias” de las ciudades de Tapachula y Ciudad Hidalgo, que recibe a niños y niñas refugiados, donó computadoras, pupitres e infraestructura en las aulas. Estas acciones van a acompañadas de campañas de sensibilización en las escuelas, para que niños y niñas conozcan las causas de migración, el derecho al asilo, y fortalecer lazos de empatía y amistad entre estudiantes. En otras regiones fronterizas, ha colaborado con instituciones de gobierno a alumbrar espacios públicos, instalar bebederos, comedores comunitarios, rehabilitado espacios deportivos y construido murales comunitarios, proyectos donde, señala Pierre-Marc Rene-se busca fortalecer la capacidad organizativa y el apoyo comunitario entre población local y refugiada. Hasta el momento, 5 mil 130 personas refugiadas fueron reubicadas desde la frontera sur a las ciudades de Saltillo, Guadalajara, Monterrey y Aguascalientes, desde 2016, luego de vincularlas con ofertas de empleo formal. El reto es grande, “México sí o sí, va a ser la opción para quedarse” para miles de migrantes de todos los continentes a los que ya no les es posible llegar y quedarse en Estados Unidos, señala Kristin Riis Halvorsen, jefa de la oficina de la Acnur en Tapachula. Y Ante este contexto, “la convivencia entre las personas refugiadas, solicitantes de asilo y la población local, es fundamental para reducir la estigmatización y la discriminación”.

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