El Estado mexicano sigue siendo el principal agresor de defensores ambientales: 10 asesinatos en 2025 y 199 en una década.

El Estado mexicano fue, por décimo segundo año consecutivo, el principal agresor contra personas y comunidades defensoras del medio ambiente en México, con su participación directa en el 56.2% de los eventos de agresión documentados durante 2025. Así lo reveló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en la edición número 12 de su Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, presentado el pasado 16 de abril en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

El documento contabiliza 135 eventos de agresión y 314 agresiones específicas durante 2025, un incremento de 41 eventos respecto a 2024 (94 eventos y 236 agresiones). De ese total, diez personas defensoras fueron asesinadas y tres más fueron registradas como desaparecidas. La cifra acumulada entre 2015 y 2025 alcanza las 199 personas defensoras del medio ambiente asesinadas en el país.

El Estado, principal agresor

De los 135 eventos documentados, 76 contaron con participación de autoridades de los tres niveles de gobierno: policías estatales y municipales, fiscalías, Guardia Nacional y fuerzas armadas. La delincuencia organizada figura como segundo agresor (13 eventos, 9.6%) y las empresas privadas como tercero (12 eventos, 8.8%).

“México es el tercer país más riesgoso para ejercer la defensa del medio ambiente, los recursos naturales y del territorio en la región de las Américas, solo después de Brasil y Colombia”, declaró Gustavo Alanís Ortega, fundador y director ejecutivo de CEMDA, en la presentación del informe. La impunidad alcanza el 90 al 95% de los casos, según la propia organización y datos coincidentes de Global Witness.

Sectores y tipos de agresión

El sector hídrico concentró el mayor número de agresiones (29), seguido del sector biodiversidad (22), vías de comunicación (18) y energético (16). Los ámbitos de defensa con mayor número de eventos fueron la defensa del agua (59), territorio (41) y suelo (32).

Las formas más frecuentes de violencia fueron la estigmatización, la intimidación y la difamación, que sumadas representan el 53.8% del total. La criminalización se mantiene como herramienta recurrente: 107 personas enfrentaron procesos judiciales injustificados por su labor de defensa.

El informe destaca el incremento de la violencia digital, con campañas anónimas para difamar a organizaciones como Oceana, Greenpeace, Oxfam, Fundar y el propio CEMDA.

Estados con más agresiones

La Ciudad de México encabezó los registros con 39 eventos, seguida por Puebla (20), Oaxaca (17) y Jalisco (8 eventos pero con 3 de los 10 homicidios documentados). En conjunto, esas cuatro entidades concentraron el 56.2% de los casos del año.

Las comunidades indígenas más afectadas durante 2025 fueron las nahuas, zapotecas y mazatecas; también se registraron agresiones contra pueblos chontales, otomíes, mayas, purépechas y mixtecos.

Chiapas, en la espiral

Aunque Chiapas no aparece este año entre los estados con más agresiones documentadas —a diferencia de 2024, cuando ocupó el segundo lugar con 9 eventos—, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documenta una situación distinta. En su informe “Chiapas: en la espiral de la violencia armada y criminal”, el Frayba registra 257 hechos violentos entre diciembre de 2023 y junio de 2024, con 138 asesinatos y 73 enfrentamientos.

Integrantes de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) atribuyen la aparente disminución del registro CEMDA en Chiapas al aumento de la autocensura ante el riesgo. Las causas estructurales documentadas por Frayba incluyen minería, megaproyectos, tala ilegal, presencia de grupos paramilitares formados durante la contrainsurgencia zapatista que ahora se alían con cárteles, y desplazamiento forzado: el 90% de los 386 mil desplazados internos en México son originarios de Chiapas y Oaxaca, según datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El Acuerdo de Escazú, en el limbo

El CEMDA reiteró la importancia de que México avance en la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe —conocido como Acuerdo de Escazú—, cuya cuarta Conferencia de las Partes (COP4) se realizó a fines de abril en Bahamas. México es signatario, pero la implementación efectiva continúa pendiente.

El informe completo está disponible en cemda.org.mx y cemdadefensores.org.mx.