En comunicado, confirman inicio de investigaciones pero no señala responsabilidad con quien ejecutó la orden
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) confirmó en un comunicado que 60 elementos antimotines que participaron en el desalojo violento contra normalistas, están siendo investigados para determinar su responsabilidad.
En el texto, menciona que “presuntamente resultaron lesionados algunos manifestantes” normalistas y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa cuando arribaron a Tuxtla como parte de su protesta nacional, no obstante que existe confirmación de la hospitalización de tres, dos de ellos ya dados de alta y uno más en situación crítica.
El deslinde de responsabilidades al interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) alcanza a 60 elementos por medio de la Unidad de Asuntos Internos bajo el archivo de investigación SSPC/UAI/AII/AI/350/2020, pero no contra quien o quienes giraron instrucciones para atacar.
Y es que de acuerdo con el párrafo IV del Capítulo II “De la Organización y Atribuciones de la Secretaría”, de la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, que lidera Gabriela Zepeda Soto, indica que es responsabilidad de la dependencia:
“Establecer los mecanismos de coordinación operativa, logística y de inteligencia con las instituciones policiales, tendentes a la solución de la problemática en materia de Seguridad Pública que afecte el territorio del Estado”.
Es menester recordar que en conferencia de prensa del mismo domingo 16 de febrero, la secretaria de Seguridad y el secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, indicaron que desconocían que en el bloqueo estaban los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Es decir, asumieron que no existía ni coordinación operativa ni logística y menos labor de inteligencia.
Sin embargo, el comunicado apunta la culpabilidad a los 60 elementos y remarca que con ello la SsyPC “transparenta y brinda todas las garantías de que no habrá tolerancia y actuará con firmeza en caso de que la investigación arroje responsabilidad en los elementos”, más no en quien instruyó.
El texto alega que “la mañana del domingo 16 de febrero del 2020, elementos de la SSyPC aplicaron los protocolos de desalojo en respuesta a denuncia ciudadana sobre la presencia de personas bloqueando el libramiento Norte, a la altura del boulevard Vicente Fox Quesada. Los policías estatales acudieron al lugar para restablecer el Estado de derecho y dejar el libre tránsito a automovilistas en la zona”.
Este desalojo de parte de la policía estatal a normalistas y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa provocó el repudio de un grueso sector político y social, entre ellos la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el Gobierno de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su conferencia mañanera pidió investigar el hecho.
