Durante décadas, miles de familias que viven en la zona donde Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal se tocan, no sabían con certeza a cuál municipio pertenecían. Esa indefinición no era un problema menor, afectaba el registro de predios; el pago de servicios; la adscripción administrativa y hasta la posibilidad de tramitar documentos oficiales. El miércoles 18 de marzo, el Congreso del Estado de Chiapas publicó en el Periódico Oficial el Decreto 215, que aprueba el convenio amistoso para el reconocimiento definitivo de los límites territoriales entre ambos municipios.

El conflicto tiene raíces estructurales. En Chiapas existe un total desconocimiento de los límites municipales que ha aumentado los conflictos por su indefinición. La superficie territorial de los municipios es más nominal que real, según documentó el cronista de la ciudad José Luis Castro Aguilar. El caso Tuxtla-Berriozábal figuraba explícitamente en esa lista de conflictos sin resolver, junto con otras colindancias problemáticas del estado.

Lo que ocurrió en Los Sabinos

El caso más concreto y reciente de esa tensión territorial fue el del predio Los Sabinos: las colonias La Libertad, El Carmen y La Peña, ubicadas en ese predio, dejaron de pertenecer al municipio de Berriozábal para incorporarse a los más de 500 barrios, fraccionamientos y colonias de Tuxtla Gutiérrez. La reincorporación responde a una dinámica territorial ya existente, marcada por la prestación de servicios urbanos y la vinculación cotidiana de la zona con Tuxtla Gutiérrez. En otras palabras: los habitantes ya vivían como tuxtlecos, aunque administrativamente seguían siendo de Berriozábal.

Ese desajuste entre la realidad cotidiana y el mapa oficial es precisamente el problema que el nuevo decreto busca cerrar de forma permanente y con sustento técnico.

¿Cómo se llegó al acuerdo?

El convenio fue suscrito el 27 de enero de 2026 por los presidentes municipales y síndicas de ambos ayuntamientos, con respaldo de personal técnico de ambos cabildos, representantes del gobierno estatal y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El decreto señala que la delimitación se elaboró con base en criterios técnicos, jurídicos y cartográficos conforme a la normatividad del INEGI, lo que le otorga una solidez técnica que acuerdos anteriores no tenían.

El proceso legislativo previo fue también notable por su unanimidad: el cabildo de Tuxtla Gutiérrez aprobó la firma del convenio en sesión extraordinaria del 25 de noviembre de 2025, y el cabildo de Berriozábal lo hizo en sesión ordinaria del 1 de septiembre del mismo año. Las comisiones legislativas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Comisión Especial de Zonas Metropolitanas del Congreso emitieron su dictamen por unanimidad el 11 de marzo de 2026.

¿Por qué importa en el contexto metropolitano?

Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal forman parte de la Zona Metropolitana de la capital chiapaneca, donde la capital tiene más de 604 mil habitantes y Berriozábal más de 64 mil. El crecimiento urbano acelerado de Tuxtla ha borrado visualmente la frontera entre ambos municipios, generando asentamientos que físicamente están en un municipio pero administrativamente en otro. La legisladora Alejandra Gómez Mendoza destacó que el orden territorial representa justicia para los pueblos, ya que permite brindar certeza jurídica y administrativa a las comunidades que habitan en las zonas limítrofes.

Lo que el decreto no resuelve

El documento aprobado establece la validez jurídica del convenio y ordena su publicación, pero no detalla cuántos predios o habitantes quedan directamente afectados por la nueva delimitación, ni fija plazos para que ambos ayuntamientos actualicen sus padrones catastrales, registros de servicios o bases de datos de contribuyentes. Tampoco especifica qué ocurre con los trámites en curso que pudieran verse afectados por el cambio de adscripción municipal.

La definición de límites entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, es decir, desde este jueves 19 de marzo de 2026.