Cada vez les pagan menos, y además la Universidad Pablo Guardado Chávez habría obligado al personal docente a firmar contratos sin copia, en violación a la Ley Federal del Trabajo
El profesorado de la institución educativa Pablo Guardado Chávez (PGC) denunció que, al cierre del reciente proceso de contratación, las autoridades solicitaron firmar documentos sin entregar duplicado ni permitir fotografías. De acuerdo con su relato, esa práctica vulneró lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual ordena elaborar las condiciones laborales por duplicado para patrón y trabajador. El grupo también reclamó ajustes unilaterales de horarios y percepciones, así como disparidades entre tabuladores y grados académicos.
Las y los inconformes señalaron que la convocatoria para la firma ocurrió de manera súbita y que, al presentarse, el personal administrativo impidió cualquier reproducción del instrumento jurídico. “Nos llamaron de sopetón para firmar y no me dejaron tomarle fotos. Y me bajaron el sueldo”, afirmó uno de los catedráticos consultados. Otro profesor refirió: “Confirmo: tienen horarios que exceden lo que marca la ley; yo trabajé diez horas diarias y los choferes doce”.
En sus testimonios, los afectados —quienes por temor a represalias solicitaron reservar sus identidades— expusieron que la negativa de copia dejó a los trabajadores sin un respaldo básico para acreditar sus derechos y obligaciones.
Sobre la remuneración, el profesorado reportó la imposición de sueldos sin un proceso de negociación visible y sin criterios homologados respecto a la formación y la carga académica. Indicó que el personal con maestría y doctorado percibió montos que no guardaron proporción con su perfil ni con funciones equivalentes. La queja incluyó la exhibición de un “tabulador 2024–2025” con diferencias de importes, cuya aplicación —sostuvieron— no se comunicó con oportunidad ni claridad.
Adicionalmente, acusaron modificaciones unilaterales en horarios, distribución de grupos y cargas, sin asambleas informativas ni notificaciones formales previas. Los afectados sostuvieron que esa conducta alteró condiciones esenciales de trabajo y generó incertidumbre. “Nos están obligando a firmar sin darnos la oportunidad de leer o consultar legalmente el documento que rige la relación laboral”, expresó otro docente, bajo reserva de identidad por temor a represalias.
Las y los denunciantes demandaron transparencia en la formalización de contratos, publicación de criterios salariales, acceso a copia íntegra de los instrumentos firmados y un canal de diálogo para revisar diferencias. Aseguraron que ya habían documentado casos y que prepararían los expedientes para presentarlos ante las instancias correspondientes.
El grupo hizo un llamado a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y a la autoridad laboral estatal para iniciar verificaciones y procurar conciliación. Reiteró que su objetivo consistió en restablecer prácticas ajustadas a derecho, sin afectar el desarrollo de clases. Pidió, también, medidas de no represalia para quienes hubieran emitido testimonios o aportado pruebas.
