En la sala de cabildo de cualquiera de los 124 municipios de Chiapas, la sesión semanal empieza igual: presidente o presidenta municipal, un síndico y regidores acomodándose alrededor de la mesa. Nadie en el estado ha tenido que reacomodar sillas de más: Chiapas es, según su propio gobierno, la única entidad donde ningún ayuntamiento supera el límite que la Constitución mexicana acaba de fijar para todo el país.
Ese límite, una sindicatura y hasta quince regidurías por ayuntamiento, quedó incorporado a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas mediante el Decreto número 274, publicado el 8 de julio de 2026 en el Periódico Oficial del Estado. La Sexagésima Novena Legislatura reformó los artículos 115 y 116, y adicionó un párrafo al 134, para alinear la carta magna estatal con la reforma que el Congreso de la Unión aprobó el pasado 9 de abril.
Menos regidores, presupuesto legislativo con techo
La reforma federal, declarada procedente por el Senado de la República con el voto aprobatorio del Congreso de Chiapas entre otras 18 legislaturas estatales, tiene dos ejes. El primero fija que cada ayuntamiento del país se integre por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, bajo criterios de paridad de género vertical y horizontal. El segundo pone techo al gasto de los congresos locales: el presupuesto anual de cada legislatura estatal no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad.
El decreto chiapaneco explica el porqué: la carta magna federal, antes de esta reforma, dejaba a cada estado decidir libremente cuántos regidores y síndicos tendría cada ayuntamiento, lo que produjo cabildos de tamaños muy distintos entre sí y presiones sobre el erario municipal. La exposición de motivos, además, encuadra el cambio en el principio de austeridad republicana: los ahorros que resulten de la nueva integración de los ayuntamientos deberán reasignarse a programas sociales e infraestructura pública, según ordena el artículo sexto transitorio del decreto.
Un ajuste que en Chiapas ya estaba hecho
Aquí está el dato que distingue a Chiapas del resto del país: el propio decreto reconoce que “en el Estado de Chiapas, ningún Ayuntamiento cuenta con más de 15 Regidores en ambos principios”, por lo que la entidad ya operaba, de hecho, dentro del límite que ahora se vuelve obligatorio en toda la República. Para los 124 municipios chiapanecos, la reforma no implica recorte de regidurías, sino la incorporación formal a la Constitución local de un techo que ya se respetaba en la práctica.
La reforma también toca el artículo 134 constitucional, que obliga a que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, el fundamento jurídico bajo el cual se sostiene, según el decreto, todo el paquete de austeridad.
De dónde viene la paridad que también toca el decreto
El Decreto 274 no solo habla de austeridad. Su exposición de motivos dedica buena parte del argumento a la paridad de género, que en Chiapas tiene ya más de una década de historia legislativa: desde la reforma constitucional federal del 10 de febrero de 2014, que incorporó la paridad al artículo 41 de la Constitución General, hasta el decreto local del 30 de junio de ese mismo año, que introdujo en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado la obligación de integrar de manera paritaria toda solicitud de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos. El Decreto 274 se presenta como la siguiente capa de esa misma política: consolidar la paridad como mandato permanente, transversal y de observancia obligatoria en la integración de los órganos de representación popular.
Lo que sigue: el ciclo 2027
El cambio llega en un momento clave: Chiapas renovará ayuntamientos y Congreso local en 2027, por lo que la integración de cabildos bajo este nuevo marco constitucional será, para la mayoría de los municipios, la primera elección que corra ya con la regla escrita en la Constitución estatal y no solo tolerada por costumbre.
La regidora o el regidor que este miércoles ocupa su silla en cualquier cabildo de Chiapas seguirá sesionando exactamente igual que la semana pasada. Lo que cambió no es la mesa, sino el techo legal que ahora la sostiene: uno que, en la práctica chiapaneca, ya estaba puesto desde antes.
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