En alguna colonia de Tuxtla Gutiérrez, un grupo de vecinas escucha a un funcionario de la Fiscalía explicarles cómo denunciar violencia familiar sin miedo a represalias. Reuniones así, impulsadas por la propia Fiscalía General del Estado (FGE) desde principios de este año, ya tenían nombre informal: Coordinación de Prevención y Participación Ciudadana. Lo que no tenían, hasta esta semana, era el instrumento legal que las respalda como área formal de la institución.
Ese respaldo llegó el 8 de julio de 2026, cuando el Periódico Oficial del Estado de Chiapas publicó dos acuerdos firmados por el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca que reordenan el organigrama de la Fiscalía: el Acuerdo FGE/009/2026, que extingue la Coordinación de Asesores del Despacho del Fiscal, y el Acuerdo FGE/010/2026, que crea formalmente la Coordinación General de Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana.
Lo que desaparece y lo que se reubica
El Acuerdo FGE/009/2026, firmado el 29 de abril de 2026 y publicado hasta ahora, extingue la Coordinación de Asesores del Fiscal General y, con ella, la Unidad de Investigación y Judicialización de Asuntos Relevantes y de Trascendencia Social. Sus expedientes en trámite pasarán a las fiscalías de Materia y Distrito que correspondan por territorio.
Dos áreas que dependían de esa coordinación se reubican directamente bajo el Despacho del Fiscal General: la Unidad de Transparencia, que a partir de este acuerdo cambia también de nombre, deja de llamarse Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Unidad de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Ejercicio de la Acción de Extinción de Dominio, que sigue litigando los casos de bienes de origen ilícito que ya tenía asignados.
La prevención, ahora con estructura propia
El segundo instrumento, el Acuerdo FGE/010/2026, le da estatus formal a un trabajo que la Fiscalía ya venía haciendo en la práctica. La nueva Coordinación General de Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana absorbe y coordina las tareas de prevención que hasta ahora corrían dispersas entre distintas áreas de la FGE, con enfoque en niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas en situación de adicción.
El acuerdo cita la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 del INEGI: 75.6% de la población chiapaneca mayor de edad considera inseguro vivir en la entidad, 64.7% se siente insegura en su municipio y 40.5% en su colonia. Con esos números como justificación, el documento ordena que la nueva coordinación diseñe políticas de prevención social, no solo persecución del delito, alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030, que colocan la Atención a las Causas como prioridad de seguridad.
La otra mitad del acuerdo: extinción de dominio y transparencia
El Acuerdo FGE/009/2026 también deja resuelto un pendiente administrativo que arrastraba desde 2025: qué área respondería directamente ante el Fiscal General por los casos de extinción de dominio, el mecanismo legal que permite al Estado quedarse con bienes cuyo origen ilícito se comprueba en juicio. Esa unidad, creada en su momento mediante el Acuerdo FGE/002/2025, seguía adscrita al despacho del fiscal; el nuevo acuerdo simplemente formaliza esa cadena de mando y ordena que la Coordinación General de Administración y Finanzas de la FGE gestione el traspaso de personal y recursos de las áreas que se extinguen. Los asuntos ya en trámite, tanto en extinción de dominio como en la antigua Unidad de Asuntos Relevantes, seguirán su curso sin interrupción, bajo la supervisión de las fiscalías de Materia y Distrito correspondientes.
Un área que ya operaba antes de existir en papel
La FGE había hecho pública, desde principios de mayo, la designación de un coordinador general al frente de esta tarea de prevención, meses antes de que el instrumento que la crea formalmente se publicara en el Periódico Oficial. Ese desfase entre el anuncio público y la publicación del acuerdo que lo sustenta legalmente es común en la administración pública chiapaneca, y con los dos acuerdos del 8 de julio queda finalmente documentado.
Para las vecinas que ya asistían a esas pláticas de prevención en las colonias de Tuxtla, nada cambia en el corto plazo: seguirán viendo la misma cara conocida de la Fiscalía tocando puertas. Lo que cambia es que, a partir de esta semana, ese trabajo tiene, por primera vez, un nombre oficial en el Periódico Oficial del Estado.
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