En una ventanilla del Consulado General de México en Houston, una solicitante presentó un acta de nacimiento mexicana en regla: estaba inscrita en los sistemas oficiales y tenía una CURP certificada. Pero al ser entrevistada, la mujer reconoció que había nacido en Cuba y que no tenía vínculo alguno con México. Ese trámite, y otros cuatro idénticos detectados en una sola semana de enero, destaparon una red que emitía actas de nacimiento mexicanas desde tres municipios de Chiapas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) investiga un esquema de expedición fraudulenta de actas de nacimiento mexicanas presuntamente usadas por ciudadanos cubanos para realizar trámites migratorios en consulados de México en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. La alerta se originó en un reporte del Consulado General de México en Houston, firmado por el cónsul Juan Carlos Hernández Wocker, que identificó documentos atribuidos a oficinas del Registro Civil de Chiapas. Tres municipios quedaron bajo señalamiento: Tapachula, Motozintla y Comitán.
Cómo operaba la red
De acuerdo con la información consular, entre el 15 y el 21 de enero el consulado en Houston detectó una serie de solicitudes de trámites de personas que afirmaban tener nacionalidad mexicana. Al ser entrevistadas, reconocieron haber nacido en Cuba y no tener vínculos legales ni familiares con México. Los solicitantes admitieron que los documentos fueron obtenidos de manera fraudulenta a través de una persona ubicada en Tapachula, encargada de enviar actas mexicanas a nacionales cubanos para sus trámites.
El rasgo más delicado del caso es que los documentos parecen legales: están registrados en los sistemas oficiales y cuentan con CURP certificada. Sin embargo, presentan irregularidades que delatan su origen, como la falta de anotaciones marginales y la ausencia del número de certificado de nacimiento, elementos indispensables para su validez. Esto sugiere que el fraude no se cometía desde afuera, sino desde dentro de las propias oficinas del Registro Civil, con acceso a sus sistemas.
Un fraude que ya escaló a otros estados
Lo que comenzó como una anomalía en Chiapas pronto creció. El mismo consulado de Houston detectó al menos cinco casos adicionales con actas supuestamente expedidas en Aguascalientes, Nayarit y Puebla, lo que para la SRE sugiere que el esquema podría estar replicándose en distintas regiones del país para evadir controles. La Cancillería anunció que reforzará los mecanismos de verificación en la emisión de documentos oficiales.
El caso derivó en acciones penales. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que cumplimetó una orden de aprehensión contra dos personas —una de ellas trabajadora del Registro Civil y otra extrabajadora de la institución— por falsificación y alteración de documentos vinculados a la venta de actas a migrantes. En Chiapas, la investigación identificó a tres hombres que laboraban en el Registro Civil municipal.
La postura del gobierno federal
La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso en su conferencia matutina. Explicó que el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado de Chiapas investigan los hechos para determinar si hubo participación de algún funcionario público en actos de corrupción relacionados con oficinas del Registro Civil. La mandataria matizó que, hasta ese momento, no se trataba de una situación generalizada: “No es algo generalizado ni mucho menos”, dijo.
El trasfondo: Tapachula como cuello de botella
El fenómeno no surge en el vacío. Tapachula concentra la mayor cantidad de migrantes varados del país, en buena medida por la lentitud de los trámites del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que mantienen a miles de personas confinadas en el sur sin poder avanzar ni trabajar formalmente. Para los cubanos —que enfrentan la imposibilidad de regresar a su país y crecientes restricciones para entrar a Estados Unidos— la documentación apócrifa aparece como una salida desesperada a esa espera.
Conviene subrayar lo que las propias autoridades señalan: el delito se persigue contra quienes expiden y comercian los documentos, no se trata de criminalizar la condición migratoria. Adquirir o usar un acta falsa es un delito federal en México, pero la raíz del problema está en un sistema migratorio que no resuelve a tiempo. Mientras el cuello de botella de Tapachula persista, el incentivo para el fraude seguirá ahí. La solicitante de la ventanilla de Houston no es el origen de la red: es la punta visible de una cadena que empieza en una oficina del Registro Civil chiapaneco.