El Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU) 2026-2030 revela que un millón de hogares chiapanecos viven en condiciones de hacinamiento, con materiales frágiles o sin servicios básicos. La cifra, que alcanza el 69.9%, es la más alta del país y supera por once veces el índice registrado en la Ciudad de México.
Siete de cada diez viviendas chiapanecas se encuentran en condición de rezago habitacional, según el diagnóstico oficial contenido en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU) 2026-2030, publicado el 15 de abril en el Diario Oficial de la Federación. El dato ubica a Chiapas como la entidad con el peor rezago habitacional del país, muy por encima del promedio nacional de 24.3%.
De acuerdo con el Cuadro 12 del programa —elaborado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022—, Chiapas tenía en 2022 un total de 1 430 351 viviendas, de las cuales 1 000 024 estaban en condición de rezago y apenas 430 327 calificaban sin rezago. El porcentaje de 69.9% es más de once veces superior al de la Ciudad de México, la entidad con menor rezago (5.9%), y supera claramente a Tabasco (64.9%), Oaxaca (54.6%) y Guerrero (53.5%), las tres entidades que siguen a Chiapas en la lista negra del diagnóstico federal.
Qué significa ‘rezago habitacional’
El rezago habitacional, de acuerdo con la metodología oficial de CONAVI, incluye viviendas con precariedad en materiales de construcción, hacinamiento y carencia en servicios básicos. En el desglose nacional, el programa documenta que 3.5% de las viviendas tiene piso de tierra, 3.46% carece de agua entubada, 1.48% no cuenta con drenaje y 0.76% no dispone de electricidad. En entidades como Chiapas, todas estas carencias se concentran, multiplican y superponen.
El documento federal advierte que el rezago afecta de forma diferenciada según ubicación, origen étnico, género, edad o discapacidad. En concreto: 38.4% de la población indígena vive en rezago habitacional, principalmente en localidades de menos de 2 500 habitantes; sólo 30.9% de las viviendas está a nombre de una mujer; y entre las personas con discapacidad, 30.1% habita en condiciones precarias.
El sur-sureste: un patrón de exclusión territorial
El PNOTDU señala que esta concentración no es accidental. En el Mapa 09, titulado “Rezago habitacional por entidad federativa en México (2022)”, los estados del sur-sureste aparecen marcados con los colores más intensos, reflejando lo que el programa llama “una concentración crítica del rezago habitacional en el sur-sureste del país”. En las notas técnicas del documento, específicamente se ubica a los corredores del sur-sureste, los Altos de Chiapas, la sierra de Guerrero, la Mixteca oaxaqueña, la Huasteca, la Tarahumara y otras zonas de alta vulnerabilidad como los lugares donde el problema se agrava.
El documento atribuye esta configuración territorial a patrones históricos de marginación, alta ruralidad, presencia de población indígena y ausencia de planeación territorial efectiva. El PNOTDU reconoce que en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, “más de la mitad de la población habita viviendas en condiciones de rezago, con servicios básicos insuficientes y en asentamientos dispersos con baja densidad poblacional”.
Qué plantea el gobierno federal
El programa, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por diez secretarías federales el pasado 8 de abril, establece como Objetivo 2 la reducción de las brechas territoriales en infraestructura, equipamiento, movilidad, espacio público y vivienda adecuada, priorizando a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El PNOTDU reconoce que este rezago se articula con el Programa Nacional de Vivienda 2026-2030, y que la estrategia federal buscará una política de regularización con enfoque territorial, de género e intercultural, articulada con mecanismos de titulación masiva y fortalecimiento institucional del sector agrario y urbano.
Sin embargo, el propio documento admite que el reto es estructural y que su cierre tomará más de un sexenio. Mientras tanto, un millón de viviendas chiapanecas permanecen catalogadas oficialmente en condición de rezago: un problema que toca a familias reales, en comunidades reales, de los 124 municipios del estado.
