El Gobierno Federal incluyó a la entidad como uno de los tres estados estratégicos para la construcción masiva de vivienda nueva y apoyos de mejoramiento. Con el objetivo de revertir el rezago habitacional que creció un 8.5% en el sexenio anterior, el plan contempla esquemas de tasa cero interés, renta con opción a compra para jóvenes y un programa intensivo de escrituración.
Chiapas es una de las tres entidades prioritarias del Programa de Vivienda para el Bienestar, la apuesta más ambiciosa del sexenio federal en materia habitacional. Según el Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2026-2030, publicado el 14 de abril en el Diario Oficial de la Federación, durante los próximos cinco años el gobierno federal planea construir 1.8 millones de viviendas nuevas y entregar 1.8 millones de apoyos para mejoramiento en todo el país, priorizando a Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
El programa, llamado oficialmente Vivienda para el Bienestar (PVB), se enmarca en el Compromiso 48 del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “República con acceso a vivienda”. Inicialmente planteó construir 1 millón de viviendas; la meta se amplió a 1.8 millones, acompañada de otros 1.8 millones de apoyos para mejoramiento de vivienda existente, con coordinación entre la SEDATU, CONAVI, INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF, el INSUS y los gobiernos estatales y municipales.
¿Cómo se reparten las 1.8 millones?
La distribución institucional de la meta está explícita en el PNV: el INFONAVIT construirá 1 millón 200 mil viviendas a través de su nueva empresa filial Infonavit Constructora; la CONAVI se hará cargo de 500 mil viviendas nuevas, principalmente en zonas rurales y comunidades indígenas con esquemas de autoproducción asistida; el FOVISSSTE asumirá 100 mil viviendas para trabajadores al servicio del Estado, y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) otorgará 100 mil créditos adicionales para construcción, aunque estos no se contabilizarán dentro de la meta del PVB.
El Compromiso 49 complementario plantea la escrituración de 1 millón de viviendas y lotes a nivel nacional. Para Chiapas, que tiene el mayor porcentaje de viviendas sin escrituras del país —36% según el PNOTDU publicado el 15 de abril—, este apartado es crucial.
¿Por qué Chiapas, Oaxaca y Tabasco son prioritarios?
El PNV 2026-2030 establece un criterio claro: “Se dio prioridad a estados con alto rezago como Oaxaca, Chiapas y Tabasco”, tal como ocurrió durante el sexenio anterior. La razón es evidente: los tres estados concentran algunos de los peores indicadores habitacionales del país.
En el caso de Chiapas, el propio PNV documenta que:
- El rezago habitacional pasó de 931 mil viviendas en 2018 a 1 millón 10 mil 514 en 2024 (+8.5%), el mayor aumento nacional.
- Más de 160 mil viviendas presentan al menos una carencia en servicios básicos.
- El estado tiene la tasa de fecundidad más alta del país (2.39 hijos por mujer).
- Menos del 6.4% de las viviendas del estado fueron adquiridas nuevas.
- El 45.7% de las acciones financiadas por la SHF entre 2019 y 2024 se concentraron en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, por su muy baja inclusión financiera.
¿A quiénes beneficiará?
El PVB tiene un diseño que se aleja de la lógica tradicional de mercado. Busca atender a “personas tradicionalmente excluidas de los esquemas de financiamiento”: mujeres jefas de hogar, jóvenes, personas indígenas, personas con discapacidad y trabajadores sin seguridad social. El PNV indica que se prioriza a los hogares con ingresos menores a dos salarios mínimos, a través de tres esquemas principales:
- Vivienda nueva con tasa 0% de interés, mezclando subsidios y financiamiento.
- Renta con opción a compra, principalmente para jóvenes (20% de las viviendas CONAVI).
- Regularización de lotes y viviendas existentes a través del Compromiso 49.
El PNV subraya que estas viviendas estarán “en zonas con servicios, lo que mejorará la calidad de vida de la población”, un enfoque que dialoga con el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU) 2026-2030 publicado el mismo 15 de abril, que reconoce a los Altos de Chiapas como uno de los corredores críticos de rezago.
¿Lo que dejó el sexenio anterior?
El PNV revisa lo hecho en el sexenio 2018-2024 como antecedente. La CONAVI realizó en ese periodo más de 473 mil acciones de vivienda a través de programas como el Programa de Vivienda Social (PVS) y el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR). De estas, el 65.5% fueron para mujeres y aproximadamente el 26% se dirigieron a zonas rurales. Además, se incluyeron ecotecnias que ayudaron a ahorrar 16% de agua, 35% de luz, 4% de gas y 28% de leña para los beneficiarios.
El programa federal reconoce que, a pesar de este esfuerzo, las metas se vieron limitadas por “la baja disponibilidad de suelo en ubicaciones estratégicas y la complejidad en la operación de proyectos en contextos rurales y comunidades indígenas”, así como por limitaciones en los mecanismos financieros para operar con la población objetivo.
¿El reto chiapaneco?
Para Chiapas, el Programa de Vivienda para el Bienestar representa la principal oportunidad de revertir el incremento del rezago habitacional en los próximos cinco años. Pero también implica desafíos operativos importantes:
Primero, la distribución territorial de las viviendas. Si las 500 mil viviendas de CONAVI se concentran en unas cuantas entidades, Chiapas podría llevarse una porción significativa, pero ello depende de capacidades locales para operar los proyectos. Segundo, la coordinación con gobiernos estatales y municipales, en un contexto donde apenas el 30% de los municipios mexicanos cuenta con instrumentos de ordenamiento territorial actualizados. Tercero, la disponibilidad de suelo urbanizable con servicios básicos, algo limitado en regiones como los Altos, la Selva y la Sierra.
¿Qué vigilar?
El PNV 2026-2030 entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. En los próximos meses se esperan reglas de operación específicas de cada institución (CONAVI, INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF) que concreten los montos, criterios y calendarios de ejecución. Para los chiapanecos, la vigilancia clave se centrará en tres aspectos: cuántas viviendas se asignarán al estado, en qué municipios se construirán, y si los beneficiarios efectivamente pertenecen a los grupos prioritarios identificados en el programa federal.
