Samuel Revueltas
Luego de abrogarse el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y aprobarse la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, ésta está impugnada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se tiene previsto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en breve.
El recién nombrado presidente interino del PRI, Héctor Aurelio Rovelo Báez, tras la salida de Julián Nazar, precisó que entre otros asuntos, la controversia constitucional se presentó ante la inconformidad del partido por la licencia demasiado anticipada de presidentes y presidentas municipales que quieran reelegirse.
El artículo 17, apartado C, fracción IV, inciso D, señala que: “Las y los presidentes municipales, síndicos y regidores deberán obtener la licencia respectiva de separación de su encargo a más tardar ciento veinte días antes del inicio del periodo de precampañas, la cual deberán de conservar hasta la conclusión del proceso electoral en el que participa”.
“Lo que yo veo es que si se retiran con tanto tiempo es una cuestión de gobierno, que genera un problema de gobierno y un problema social en un momento dado, porque en un periodo tan corto que llevan dos años, pues todos los programas están a medias y quedan a medias”, consideró.
El líder priista dijo que aunque quede en funciones el equipo del o la presidenta saliente, no es la misma forma de dirección y gobernabilidad.
Aseguró que tiene la certeza que ganarán los puntos que impugnaron, en tanto que hay otros puntos de la ley que están firmes y que continuarán su marcha.
“Las y los diputados, en esos puntos precisamente en los cuales pusimos la controversia, pues no estuvieron de acuerdo; el coordinador de los diputados, Mario Sántiz se expresó públicamente, hizo comentarios, lo mismo las diputadas”, agregó.
La controversia constitucional está por resolverse, indicó, pues los tiempos están encima, el 21 de septiembre deben estar solicitando licencia las y los alcaldes.
Otro de los motivos de la impugnación es que no están de acuerdo en el nuevo método de participación en la zona indígena y la forma en cómo se propone usar las prerrogativas , lo cual es una injerencia en los estatutos de cada instituto político.
Al consultar la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus dos próximas sesiones no está contemplada todavía la resolución de esta controversia constitucional.
