En reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Gobierno, las familias de los presos enfrentaron discriminación.

Gabriela Coutiño

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 13 Mayo.- Un grupo de seis indígenas del pueblo maya Tsotsil, presos en los penales de San Cristóbal de las Casas y Comitán acordaron reanudar este martes 14 de mayo, la huelga de hambre que habían suspendido hace un mes, luego que las autoridades les prometieron revisar sus expedientes, informaron sus familiares.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), las familias aseguraron que después de un mes de reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, las autoridades “no cumplieron con agilizar medidas para garantizar procesos de justicia a población vulnerable”.

Las seis personas privadas de su libertad, Abraham López Montejo, Germán López Montejo, Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Marcelino Ruiz Gómez y Juan Pérez Álvarez, denuncian violaciones a derechos humanos en sus procesos jurídicos, especialmente Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes en el momento de su detención y durante su estancia en las cárceles, por parte de agentes del Estado.

Exigen se investigue la Tortura, y se tome en cuenta la fabricación de pruebas, para determinar su libertad. Hasta antes del 15 de marzo de 2019, no habían investigaciones por el delito de Tortura en estos casos a pesar de existir denuncias públicas.

Por lo que decidieron regresar a la huelga de hambre como legítima protesta por lo injusto de sus procesos y para visibilizar las inhumanas condiciones carcelarias.

El Frayba aseguró que a casi dos meses de que 13 presos iniciaron una huelga de hambre, en 5 cárceles de la entidad y después de un lapso de casi 30 días en ayuno, Abraham López, Germán López, Adrian Gómez, Juan de la Cruz, Marcelino Ruíz y Juan Pérez reiteran que el sistema de justicia vulnera sus derechos por ser integrantes de Pueblos Originarios.

El organismo explicó después de un mes en reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas, las familias de los presos han enfrentado discriminación y han sido testigos de que el gobierno no cumplió con las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia.

Hasta el momento sólo se logró el traslado, el pasado 2 de mayo, de German López Montejo y Abraham López Montejo, del CERSS Núm 14, en Cintalapa, al CERSS Núm. 05 en San Cristóbal de Las Casas (1), para estar más cerca de su familia, derecho que tienen todas las personas detenidas, agregó.

El Frayba sostuvo que “los 6 presos tzotziles que mañana reinician la huelga de hambre, con riesgo a su integridad y seguridad personal, son un ejemplo más de que el sistema de procuración y administración de justicia es discriminatorio y criminaliza la pobreza”.

Aseguró que ha documentado que en Chiapas, “el 98 por ciento de personas privadas de su libertad pertenecientes a algún pueblo originario, no cuentan con una defensa adecuada porque se encuentran en una situación de marginación cultural, social y económica”.

Además, “las detenciones suelen realizarse basadas en la apariencia y sospecha, como una forma de ‘limpieza social’. La Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes no se investigan manteniendo la impunidad y la continuidad de este ilegal método de investigación”.

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