Gabriela Coutiño

Chiapas tiene sus particularidades sociales y políticas. El caos social es diario, evidente y se suma a su pobreza endémica. Falta estado de derecho y sobra evidencia de que sus políticos solo administran problemas y no ofrecen una ruta alternativa para su desarrollo.

En el centro del debate nacional y del desarrollo de políticas públicas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto el combate a la corrupción y la impunidad, pero también ha dicho que por ningún motivo se reprimirá a los movimientos sociales. Las protestas de la CNTE en Michoacán son prueba de ello. Pero en Chiapas todo es al revés. Al magisterio y los normalistas se les ha reprimido y ello está documentado.

Una constante de la política chiapaneca es que su clase política no respeta el estado de derecho y eso provoca una debilidad institucional.

Si en Michoacán no hubo represión al magisterio, en Chiapas si la hubo. Se reprimió a normalistas y docentes de telebachillerato a quienes las mismas autoridades reconocen que se les adeudan sueldos en una cifra que ya es millonaria.

El clima de violencia y conflictividad social en el estado es grave y no hay evidencia de que disminuya en intensidad.

A diferencia del inicio de otros gobiernos en donde hubo altas expectativas; el de Rutilio Escandón, no parece que la ciudadanía chiapaneca tenga ganas de esperar resultados; los quiere ya, casi inmediatamente.

Ese deseo ciudadano, lamentablemente choca con la realidad. Crisis educativa, de empleo, de salud y ahora, lamentablemente se suman los feminicidios.

La ciudadanía chiapaneca se está sensibilizando con los feminicidios; y es que en todo el estado se sufre ese tipo de violencia, ya sea en comunidades rurales o en las ciudades.

Tan solo en lo que va del 2019, en el estado las ONGs locales han documentado 19 casos de muerte violenta de mujeres feminicidios. La Fiscalía del estado, solo reconoce cinco casos como Feminicidios. Pero en un contrasentido, en estos últimos meses, las autoridades judiciales han liberado a 3 feminicidas confesos. Provocando con ello la indignación de la opinión pública chiapaneca.

Las autoridades aducen que estas liberaciones son por faltas al debido proceso o irregularidades en los expedientes. Pero las familias de las víctimas siempre han comprobado que los acusados son confesos.

La última liberación de un feminicida confeso fue este 12 de febrero; cuando las autoridades liberaron a Jimmy Villatoro Argüello, quien confesó haber torturado y asesinado a la joven Wendy Lizzet Ochoa Méndez en el 2012, quien en el momento de ser asesinada, contaba con solo 19 años.

Jimmy Villatoro Argüello; el feminicida; confesó que mutiló el cuerpo de Wendy Lizzet y que arrojó partes de él en diferentes lugares de la ciudad y relató haber cometido canibalismo porque se comió el corazón de Wendy Lizzet.

Antes de Jimmy Villatoro, las autoridades ya habían liberado a Fernando Rosales Toledano y Mariano Sánchez Pérez.

Ante la total impunidad; ¿cómo han combatido las familias de las víctimas esa impunidad que las lacera?

Las han combatido dándole seguimiento a los casos, acercándose al activismo feminista chiapaneco y divulgando las injusticias por todas las vías posibles, incluyendo la protesta, las marchas y el uso de las redes sociales.

Los casos de los feminicidas liberados; lamentablemente sugiere que la impunidad en el estado es alta y que las autoridades, poco o nada hacen para remediar esa situación que contribuye al caos estatal. Aún con MORENA en el poder.

Falta sensibilización entre las autoridades sobre el tema del feminicidio y no parece que exista voluntad política para lograrlo.

El tema en Chiapas escala rápidamente y las únicas que no parecen darse cuenta son precisamente las autoridades, a pesar de que siete de nuestros municipios tienen una alerta de género que incluye a sus ciudades más importantes.

¿Dónde están las autoridades? Otro tema en que las de Chiapas brillan por su ausencia.

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