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Un muerto y dos heridos deja añeja disputa por tierras entre tsotsiles de Aldama y Chenalhó

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Gabriela Coutiño

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 22 Ene.- El saldo de un indígena tzotzil muerto y dos heridos de bala, dejó una agresión de pobladores de Santa Marta, municipio de Chenalhó en contra de sus vecinos de Aldama, por una añeja disputa de 60 hectáreas que mantienen desde hace años.

De acuerdo a los reportes, los hechos se registraron alrededor de las cuatro de la madrugada, cuando los habitantes se dirigían a trabajar a sus parcelas; desde su territorio, habitantes de Santa Marta les dispararon con armas de fuego a los de Aldama falleciendo al instante, Juan Gómez Sántiz.

“A las 4 de la mañana comenzó la balacera desde sus trincheras en contra de nuestros compañeros que iban caminando a pie a trabajar y fueron sorprendidos entre la oscuridad”, denunciaron habitantes de Aldama.

Entre los heridos se encuentran René Pérez y Marcos Gómez López, este último debido a las lesiones, fue trasladado al Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de las Casas.

Los habitantes de Aldama relatan que desde hace algunos años, cuando se agravó el conflicto, muchos de los pobladores se trasladaban en vehículos con las luces apagadas para evitar ser detectados y agredidos, pero otras personas tienen que caminar.

El conflicto entre la comunidad de Santa Martha de Chenalhó y Aldama ha dejado en los últimos años decenas de muertos y más de 2 mil personas de comunidades que colindan con Santa Marta desplazadas, viviendo actualmente en campamentos ubicados en parajes lejanos a la zona en disputa.

Los municipios tsotsiles de Aldama y Chenalhó, mantienen desde los años setenta, una disputa por alrededor de 60 hectáreas de tierras que los de Chenalhó reclaman también como suyas. El Comisariato de Bienes comunales de Aldama sostiene que “estas tierras ya eran propiedad de al menos 115 comuneros de Aldama que han defendido su derecho a la tierra y que la han trabajado”.

En el año de 2009, Santa Marta y Aldama firmaron un convenio para poner fin al conflicto, por lo que los pobladores de la primera recibieron del gobierno estatal, un millón 300 mil pesos y una camioneta nueva.

Sin embargo, incumplieron el acuerdo y en 2014 tumbaron árboles, cortaron mangueras para el agua y en abril de 2016 comenzaron a invadir los terrenos, desalojaron a 7 familias, quemaron sus casas y se apropiaron de sus cosechas de maíz y café.

En agosto de 2018, las partes firman un acuerdo de civilidad y respeto mutuo.

“Hemos exigido al gobierno estatal que actúe y aplique el estado de derecho para que se respete el convenio, pero no nos hacen caso y la situación empeora cada día”, afirmó un poblador que pidió el anonimato.

“Lo que queremos es vivir en paz y trabajar las tierras que nos pertenecen sin que nos estén matando”, dijo.

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