En la mira / Héctor Estrada

La complicidad omisa de las autoridades encargadas de proteger las áreas naturales y garantizar el estado de derecho en Chiapas continúa cobrando factura a las riquezas naturales de la entidad.

Esta vez se trata nuevamente de la reserva Parque Nacional Cañón del Sumidero que en cuestión de dos años ha registrado seis nuevas invasiones y más de 10 hectáreas devastadas.

No obstante el daño provocado por empresa Cales y Morteros del Grijalva, el emblema natural de la entidad chiapaneca sigue padeciendo el saqueo y devastación propia de las actividades humanas, mientras los encargados de vigilar, proteger y mantener el equilibro ambiental en la zona están más entretenidos con asuntos de la política burda.

De acuerdo a información emitida por el del Consejo Asesor del Cañón del Sumidero, de a mediados de 2013 a finales del 2014, se registraron cinco nuevas invasiones poblacionales al interior de la reserva natural que han derribado ya decenas de árboles con el usos de maquinaria pesada para el acondicionamiento del terreno.

Son invasiones de alrededor de 20 habitantes cada una, tres de ellas colindantes con Tuxtla Gutiérrez (la más cercana a 50 metros del acceso principal al parque nacional) y las otras dos con los municipios de Chiapa de Corzo y San Fernando. En total han afectado 10 hectáreas con especies de flora y fauna edénicas.

Lo peor del caso es que hace apenas un par de días se detectó la instalación de un nuevo asentamiento humano al interior de la reserva natural. Con esta nueva invasión suman seis en menos de dos años donde la falta de controles ha brillado por su ausencia pese a las denuncias de advertencia.

A decir del propio Consejo Asesor del Cañón del Sumidero y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) no se habían registrado nuevos asentamiento humanos irregulares desde hace más de cinco años, por lo que se teme una nueva oleada de invasiones humanas al parque nacional.

Se trata de una reserva natural que ni siquiera ha logrado la desincorporación y regularización de 91 colonia irregulares instaladas bajo la complicidad de gobiernos estatales y municipales a los largo de 30 largos años. Asentamientos humanos que, incluso, se han bautizado con nombre de gobernantes, políticos y programas en turno para estar acorde a la época política.

Desde octubre pasado constan denuncias ante Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR), además de reportes por escrito a autoridades estatales y federales en materia ambiental y gobierno, sin que hasta el momento se haya emprendido alguna acción y postura contundente.

Mientras muchos de los responsables de hacer valer el estado de derecho siguen entretenidos con la promoción de su imagen y la preparación del terreno rumbo a la próxima contienda electoral, la ingobernabilidad cobra caras facturas a Chiapas.

Ni un emblema natural que distingue a Chiapas ha sido digno de acciones contundentes que garanticen su preservación. En Chiapas simplemente hay asuntos más “importantes” que atender en un contexto donde la prioridad para la clase política es la consolidación de cuadros electorales y estructuras políticas que los mantengan en el poder.