Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, la Secretaría de Finanzas de Chiapas y la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género estatal (SEMUIGEN), destinan 9 millones de pesos a víctimas de violencia de género.
Los dos refugios para mujeres víctimas de violencia que opera el gobierno de Chiapas recibieron este año 4 millones de pesos federales cada uno. Pero solo uno de los dos —el de Chiapa de Corzo— lleva además una aportación estatal de 1 millón 86 mil 231 pesos. El de Tuxtla Gutiérrez no. Los convenios se firmaron el mismo día, por las mismas personas, y ninguno explica la diferencia.
El Diario Oficial de la Federación publicó el 18 de junio los dos instrumentos, suscritos entre la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, la Secretaría de Finanzas de Chiapas y la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género estatal (SEMUIGEN). El paquete completo suma 9 millones 86 mil 231 pesos. Los documentos no hablan de refugios en abstracto: los nombran.
Dos casas, dos claves
| Proyecto | Refugio | Federal | Estatal |
|---|---|---|---|
| R-2026-027 | Casa SEMUIGEN Tuxtla Gutiérrez | $4,000,000.00 | — |
| R-2026-080 | Casa SEMUIGEN Chiapa de Corzo | $4,000,000.00 | $1,086,231.00 |
| Total | $8,000,000.00 | $1,086,231.00 | |
Los refugios ofrecen alojamiento temporal seguro a mujeres en situación de violencia extrema junto con sus hijas e hijos, con atención psicológica, jurídica, de trabajo social y de salud. Su ubicación no es pública, por diseño.
El millón que solo aparece en una de las dos casas
El convenio de Chiapa de Corzo incluye una cláusula que el de Tuxtla no tiene: «En términos del numeral 6.5 de los Lineamientos, la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género aportará la cantidad de $1,086,231.00».
El convenio de Tuxtla no contempla ninguna aportación estatal. El texto no motiva la diferencia, y el numeral 6.5 al que remite no está reproducido en el documento publicado. Es una pregunta directa para SEMUIGEN: por qué una casa recibe un millón adicional del estado y la otra opera solo con el subsidio federal.
Son refugios del gobierno, no de una organización civil
Conviene subrayarlo porque el modelo de refugios en México se sostiene mayoritariamente en organizaciones de la sociedad civil. En estos dos casos, el «espacio de refugio» es la propia SEMUIGEN, encabezada por Marian Vázquez González. El estado solicita, el estado opera y el estado comprueba. La cuenta bancaria de cada proyecto —dos cuentas Banorte distintas, abiertas el 6 de marzo en la sucursal Torre Chiapas— la manejan tres personas servidoras públicas.
A Chiapas le tocó menos del 1% de la bolsa nacional
Los recursos salen del programa U012, Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, al que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 asignó 856 millones 782 mil 185 pesos para todo el país. Los 8 millones federales que llegan a Chiapas equivalen a 0.93% de esa bolsa.
La ruta es corta: la Federación radica el dinero a la Secretaría de Finanzas estatal, y ésta tiene cinco días hábiles para transferirlo a SEMUIGEN, que debe arrancar las acciones dentro de los 15 días naturales siguientes al depósito. Todo debe devengarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026, con acta de cierre antes del 15 de enero de 2027.
A qué quedan obligados los refugios
Los convenios imponen condiciones verificables. Cada casa debe contar con programa interno de protección civil vigente, avalado por la instancia competente de su localidad, que acredite que el inmueble está en condiciones de operar; debe tener rutas y acciones de seguridad para emergencias; y debe garantizar que su personal acredite capacitación en derechos humanos y perspectiva de género.
La obligación más rastreable es la de datos: SEMUIGEN tiene que capturar en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) la información de cada mujer atendida y de cada servicio prestado. Ese registro es, en teoría, la vía para saber después a cuántas mujeres sirvió el dinero.
Firmados en marzo, publicados en junio
Los dos instrumentos se suscribieron el 25 de marzo de 2026 en la Ciudad de México y aparecieron en el DOF el 18 de junio: 85 días después. Firman la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Aurora Gómez Saracíbar; el secretario de Finanzas de Chiapas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito; y Marian Vázquez González por SEMUIGEN. Los proyectos habían sido aprobados desde el 18 de febrero y notificados el 27 de ese mes.
Qué falta por saber
Los convenios no dicen a cuántas mujeres atiende cada casa, cuál es su capacidad, cuántas plazas de personal sostienen ni en qué se gastarán los 4 millones: eso está en un proyecto anexo que no se publicó. Tampoco explican por qué solo dos refugios para un estado de 124 municipios, ni si existen casas de emergencia o albergues adicionales fuera de este esquema.
Y queda el hueco del millón. La asimetría entre Tuxtla y Chiapa de Corzo no está motivada en ninguna parte del texto publicado, lo que abre dos lecturas posibles y opuestas: que la casa de Chiapa de Corzo tenga una necesidad mayor documentada en el proyecto anexo, o que la de Tuxtla esté operando con un millón menos sin razón aparente. El BANAVIM y los informes de cierre de enero de 2027 son, por ahora, los únicos lugares donde esa diferencia podrá medirse en mujeres atendidas.
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