El Registro Civil de Chiapas destinará este año 660 mil pesos a comprar equipos que capturan los rasgos físicos de la población, y otros 79 mil 450 a instalar cámaras que exigirán reconocimiento facial a sus propios funcionarios antes de dejarlos entrar al sistema. Son las dos puntas de un mismo paquete de 2.2 millones de pesos.
El Diario Oficial de la Federación publicó el 24 de junio el anexo de asignación de recursos que la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Gobierno de Chiapas firmaron para fortalecer el Registro Civil estatal durante 2026. El monto exacto es de 2 millones 226 mil 176 pesos con 17 centavos: 1 millón 558 mil 323 que pone la Federación y 667 mil 853 que aporta el estado. Más de la mitad se va en identificación biométrica.
Peso por peso, a dónde va el dinero
| Destino | Monto |
|---|---|
| Equipamiento biométrico (captura de rasgos físicos) | $660,000.00 |
| Operatividad de los módulos biométricos | $514,000.00 |
| Brigadas para registrar a niñas, niños y adolescentes sin acta | $320,000.00 |
| Depuración y certificación de la CURP | $288,000.00 |
| Módulos del Registro Civil en hospitales | $226,000.00 |
| Actualización tecnológica (equipos de cómputo y no-break) | $90,000.00 |
| Cámaras de video para reconocimiento facial | $79,450.00 |
| Mantenimiento de equipos biométricos | $46,500.00 |
| Vigilancia anticorrupción (uno al millar) | $2,226.17 |
| Total | $2,226,176.17 |
El reconocimiento facial es para los funcionarios, no para el público
Conviene precisarlo porque se presta a confusión. Los 79 mil 450 pesos de cámaras de video no sirven para identificar a quien acude a tramitar un acta. Sirven para blindar el aplicativo SID, el sistema donde el personal del Registro Civil inscribe y certifica los actos del estado civil.
Hasta ahora, para entrar bastaban usuario, equipo y contraseña robusta. El anexo agrega un tercer candado: el sistema exigirá además el reconocimiento facial de la persona que lo opera. Es una medida contra el uso indebido de credenciales ajenas, un riesgo real en un padrón que respalda la identidad legal de millones de personas.
Los 660 mil que sí tocan a la gente
El gasto más grande —660 mil pesos— es para comprar equipos de captación de rasgos físicos, bajo especificaciones técnicas que fija la Coordinación de Identidad de la Segob. Otros 514 mil sostienen la operación de esos módulos y 46 mil 500 su mantenimiento.
El anexo incluye una salvedad reveladora: en las oficialías que todavía no tienen equipo, el dinero de operatividad se usará en publicidad, para que la población se entere de que le van a capturar sus datos biométricos. Es decir, no todas las oficialías del estado cuentan aún con la infraestructura.
El acta gratis al nacer y las brigadas de búsqueda
Dos partidas atienden a quienes hoy quedan fuera del registro. Los 226 mil pesos de módulos hospitalarios buscan que un recién nacido salga del hospital con su acta, gratis y sin trámite adicional. Los 320 mil de brigadas financian la salida a campo para regularizar a niñas, niños y adolescentes que nunca fueron registrados.
Otros 288 mil se destinan a cruzar el acervo registral contra la CURP, localizar inconsistencias y certificarla. Ese trabajo es invisible pero decide si una persona puede cobrar una beca, abrir una cuenta o titularse.
A Chiapas le tocó 3.3% de la bolsa nacional
El anexo cita el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que asignó 46 millones 880 mil 585 pesos al programa E004 Servicios de Registro e Identificación de Población para todo el país. Los 1.56 millones que recibe Chiapas equivalen a 3.32% de ese total. El programa E004 sustituyó este año al antiguo E012.
El dinero federal se deposita en una cuenta productiva específica de Banorte, sucursal Torre Chiapas, y el estado tiene 20 días hábiles a partir de recibirlo para poner su parte en una segunda cuenta, separada. Lo que no se ejerza al 31 de diciembre se regresa a la Tesorería de la Federación.
Firmado en marzo, conocido en junio
El instrumento se suscribió el 31 de marzo de 2026 en Tuxtla Gutiérrez y se publicó en el DOF el 24 de junio: 85 días después. Firman por Chiapas el consejero jurídico Guillermo Nieto Arreola, el secretario de Finanzas Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito y la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno Ana Laura Romero Basurto, con la asistencia de la directora del Registro Civil, María Dolores Estrada Gordillo. Por la Federación firma el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla.
La vigencia corre hasta el 31 de diciembre de 2026 y obliga al estado a publicar informes trimestrales del ejercicio del recurso en sus órganos oficiales de difusión y en internet.
Qué falta por saber
El anexo no dice en qué oficialías arranca el reconocimiento facial, cuántos módulos hospitalarios operan hoy, cuántas actas esperan levantar las brigadas ni cuándo empieza nada de esto: el calendario depende de un Programa de Trabajo que la Unidad Coordinadora Estatal debe entregar dentro de los 10 días hábiles siguientes a que llegue el dinero federal.
Queda un hueco mayor. El documento compromete 1.2 millones de pesos a capturar los rasgos físicos de la población chiapaneca, pero no describe un solo resguardo concreto para esa información. Se limita a remitir a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a ordenar que los datos se supriman al terminar la vigencia. Quién los administra, dónde se almacenan y quién responde si se filtran son preguntas que el anexo deja abiertas —y que solo el Registro Civil estatal puede contestar—.
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