Chiapas: Frayba denuncia despojo y amenazas contra pueblos del CNI

Una locataria del mercado tradicional “Dr. Belisario Domínguez”, en Ocosingo, llegó una mañana de estas semanas a abrir su puesto, como lo ha hecho durante años, y se encontró con una barda que antes no estaba. Del otro lado quedaron su local y su mercancía. Nadie le entregó un papel ni le explicó nada: solo el muro nuevo y un acceso que ya no abre.

Su caso es uno de los que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recogió en su Boletín 11, publicado el 13 de julio de 2026 en San Cristóbal de Las Casas. El organismo denuncia agresiones, amenazas y criminalización contra integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en cuatro municipios de Chiapas: Ocosingo, Teopisca, Chilón y Salto de Agua. Y exige al Estado mexicano el cese inmediato de los hostigamientos y de “cualquier intento de desalojo”.

Ocosingo: 39 locatarios despojados de sus espacios de trabajo

En el mercado “Dr. Belisario Domínguez” de Ocosingo, 39 locatarias y locatarios integrantes del CNI han sufrido despojo de locales, bloqueo de accesos, construcción de bardas, retiro de mercancías y presiones económicas, según el boletín del Frayba. El organismo atribuye los hechos a integrantes de la mesa directiva de la Coalición de Locatarios del propio mercado.

El impacto más fuerte, advierte el documento, recae sobre las mujeres: perder el puesto compromete su acceso a la salud, la alimentación y la vivienda. El Frayba acusa además una “actuación omisa e ineficaz” de las autoridades municipales y estatales, que no han dictado medidas de protección ni restituido los espacios de trabajo.

Teopisca: una carretera sin consulta amenaza a 14 comunidades

La comunidad San Francisco, en Teopisca, denunció la amenaza de destrucción de su territorio por el proyecto de la carretera Teopisca–San Cristóbal, impulsado por el gobierno estatal bajo el discurso del “progreso”. La obra afectaría a 14 comunidades cuyas montañas resguardan sitios sagrados, manantiales y fauna, de acuerdo con el documento.

El boletín sostiene que los tres niveles de gobierno no han realizado una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como ordenan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 2° de la Constitución. Por ello, el Frayba exige la suspensión inmediata del proyecto.

Jotolá: seis meses desplazados y con una causa penal encima

En el ejido Jotolá, municipio de Chilón, se cumplen seis meses del desplazamiento forzado de cinco familias, expulsadas mediante un operativo en el que participaron el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Agraria, la Policía Estatal Preventiva y autoridades ejidales, de acuerdo con el organismo, que documenta el caso desde febrero.

Durante aquel operativo, cinco viviendas fueron destruidas, dos personas fueron detenidas y una mujer fue víctima de tortura, señala el Frayba. Las familias enfrentan además una causa penal por el presunto delito de despojo agravado, mientras permanecen fuera de sus tierras. Han reiterado, dice el boletín, su disposición al diálogo.

Agua Clara: hostigamiento ligado a la autopista San Cristóbal–Palenque

Integrantes del CNI de la comunidad Agua Clara, en Salto de Agua, reportan un aumento de amenazas por la disputa de las tierras que habitan y trabajan desde hace más de diez años. Denuncian incluso agresiones contra sus animales como forma de intimidación.

Las presiones más recientes, según el boletín, se vinculan a la construcción de la autopista San Cristóbal–Palenque: se busca desalojar a uno de sus integrantes para abrir una carretera saca cosechas asociada a la obra.

Los cuatro frentes que documenta el Frayba

Lo que exige el organismo y qué han respondido las autoridades

El Frayba exige al Estado mexicano el cese inmediato de amenazas, hostigamientos e intentos de desalojo contra las familias del CNI, así como el respeto pleno a su autonomía y libre determinación. El organismo presentó los casos en una conferencia de prensa, acompañado de la denuncia pública del propio CNI, y llamó a la sociedad civil nacional e internacional a mantenerse vigilante.

Hasta el cierre de esta edición, ni el gobierno estatal ni los ayuntamientos ni las dependencias federales señaladas —INPI y Procuraduría Agraria— habían emitido una respuesta pública al boletín. Los datos centrales de esta nota provienen del boletín del Frayba y de la denuncia del CNI, únicas fuentes disponibles por ahora; la información se ampliará cuando exista un posicionamiento oficial.

Datos clave del Boletín 11 del Frayba

• 39 locatarios del CNI afectados en el mercado “Dr. Belisario Domínguez” de Ocosingo.
• 14 comunidades de Teopisca se verían afectadas por la carretera Teopisca–San Cristóbal.
• 5 familias del ejido Jotolá (Chilón) cumplen 6 meses en desplazamiento forzado; 5 viviendas destruidas, 2 personas detenidas y una mujer víctima de tortura, según el organismo.
• Más de 10 años llevan las familias de Agua Clara (Salto de Agua) habitando las tierras en disputa.
• El boletín completo está disponible en frayba.org.mx.

¿Dónde acudir si tu comunidad enfrenta amenazas o desalojo?

El Frayba documenta y acompaña casos de violaciones a derechos humanos en Chiapas. Sus oficinas están en Calle Brasil 14, Barrio de Mexicanos, San Cristóbal de Las Casas. Los teléfonos de contacto son (967) 678 7395, 678 7396 y 678 3548, y el correo es [email protected]. Las comunidades también pueden solicitar acompañamiento de observación civil a través del propio centro.

En Ocosingo, mientras tanto, la locataria sigue del lado equivocado de la barda. Su mercancía y su sustento —y el de otras 38 familias— dependen de que alguna autoridad responda a un boletín que, por ahora, solo ha recibido silencio.