Dávila, los nuevos Álvarez Puga de Chiapas

• Chiapas, epicentro del imperio construido con dinero público desfalcado

René Dávila de la Vega, empresario chiapaneco de 60 años, es una de las piezas centrales del esquema Ponzi que ha costado al erario mexicano al menos 6.000 millones de pesos.

Desde Chiapas operó Financiera Corafi, la empresa con la que, junto a su socio yucateco Roberto Guzmán, colocó bonos de deuda sin respaldo real en instituciones como Segalmex, el Forte y varias universidades y fiscalías estatales.

Mientras el fraude drenaba recursos públicos, Dávila, presunto dueño de la Plaza Icaria en Tuxtla Gutiérrez y de fraccionamientos privados en la zona del Campestre, acumulaba una fortuna con fuerte huella territorial en su estado natal.

En mayo de 2015 constituyó, junto a familiares, un fideicomiso en el que depositó 16 propiedades ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, con una extensión conjunta de 260 hectáreas; solo un predio estaba valuado en 81,3 millones de pesos.

Ese patrimonio no fue el único. Entre 2014 y 2019, Dávila adquirió 18 inmuebles adicionales en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán por 300 millones de pesos, además de una docena de autos de lujo.

Parte de esas propiedades en Chiapas terminaron como garantía cuando el Gobierno federal exigió reparar el daño causado en Segalmex.

Segalmex, la tienda de abasto social creada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atender a los sectores más pobres, fue la primera institución en la que se detectó el fraude, cuando la Auditoría Superior de la Federación identificó en 2021 que había pagado 950 millones de pesos por bonos de Corafi entre 2019 y 2020.

El tesorero de la paraestatal, René Gavira Segreste, fue destituido y denunciado, hoy enfrenta diversos procesos penales y actualmente se encuentra en el reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, mientras Ignacio Ovalle, entonces su superior y amigo del expresidente, no ha sido llamado a cuentas pese a haber autorizado parte de esas inversiones.

Para reparar el daño, el Gobierno federal presionó a los bancos CI Banco, Monex y BBVA para que otorgaran un crédito a Corafi y así recomprar los bonos en poder de Segalmex, acuerdo cerrado en marzo de 2021.

La maniobra permitió al Ejecutivo presumir que el caso quedó resuelto, aunque un tribunal federal avaló recientemente una prueba clave que reactiva el proceso penal contra Dávila y su hijo René Dávila Díaz por el manejo irregular de 800 millones de pesos, mientras el resto de las instituciones afectadas sigue esperando que le devuelvan su dinero.

El caso confirma un patrón: mientras las instituciones públicas veían esfumarse miles de millones de pesos de pensiones, cuotas y fondos universitarios, el negocio se traducía en tierras, inmuebles y liquidez concentrados en Chiapas.

La Fiscalía investiga a Dávila por desvío de recursos, blanqueo de activos y evasión fiscal, aunque hasta ahora su fortuna territorial permanece prácticamente intacta.