Chiapas reconoce a los pueblos afromexicanos

A través de la Secretaría de Pueblos Indígenas se respaldará a las comunidades afromexicanas, fortaleciendo las atribuciones del organismo púbico.

Hay identidades que existen mucho antes de que una ley las nombre. En Chiapas, las comunidades afromexicanas han formado parte de la vida del estado durante generaciones, aunque su nombre no apareciera en las dependencias que deciden las políticas públicas. Esta semana, el Congreso del Estado decidió escribirlo.

En sesión ordinaria, la Sexagésima Novena Legislatura aprobó reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública para cambiar el nombre de la Secretaría de Pueblos Indígenas por el de Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y fortalecer sus atribuciones. El cambio reconoce de forma expresa a los pueblos afromexicanos y armoniza el marco jurídico estatal con el artículo 2º de la Constitución federal.

Tres ajustes y un nombre nuevo

Al presentar el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, las diputadas Anevi Guadalupe Martínez Constantino y Selene Josefina Sánchez Cruz explicaron que la reforma implica tres grandes adecuaciones: fortalecer atribuciones, armonizar el marco jurídico con la Constitución de la República y reconocer a los pueblos afromexicanos, fijando atribuciones precisas para su participación en las políticas públicas. A la sesión, presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, asistió la secretaria del ramo, Leticia Méndez Intzín.

De la Constitución federal a la estructura estatal

El paso de Chiapas se monta sobre un cambio mayor. En 2024, una reforma al artículo 2º de la Constitución federal reconoció por primera vez a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Lo que ahora hace el Congreso del Estado es bajar ese reconocimiento al nivel de la administración estatal: que la dependencia encargada de atender a esos pueblos los nombre a todos.

Más que un cambio de nombre

Nombrar no es un gesto menor. En la administración pública, el nombre de una secretaría define a quién está obligada a atender y quién tiene derecho a sentarse a la mesa cuando se diseñan programas y se reparte el presupuesto. Por eso, el reconocimiento de los pueblos afromexicanos en el título y en las atribuciones de la dependencia abre, al menos en el papel, una puerta de participación que antes no estaba escrita.

La prueba, como siempre, vendrá después: en cuánto presupuesto se destine, en qué consultas se realicen y en cuánta voz tengan realmente las comunidades en las decisiones que les afectan. Por ahora, en las leyes de Chiapas, los pueblos afromexicanos ya tienen un nombre propio. El reto es que ese nombre, escrito esta semana, se traduzca en algo más que tinta.