El 12 de mayo de 2026 quedará registrado como uno de esos días en que dos relatos sobre un mismo país convivieron en paralelo. A las 17:57 hora del Este, la cadena estadounidense CNN publicó un reportaje en el que sostiene, con base en fuentes anónimas, que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) han participado de forma directa en operaciones letales contra integrantes de grupos delictivos dentro del territorio mexicano desde 2025. Menos de una hora después, alrededor de las 16:25 hora del centro, el Gobierno de México respondió con un pronunciamiento oficial del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que rechazó categóricamente esa versión.
Las dos narraciones son, en este momento, igualmente públicas. Una proviene de un medio internacional con décadas de trayectoria en investigación periodística. La otra, del gabinete de seguridad del Gobierno federal mexicano. Ninguna de las dos ha sido refutada documentalmente por la contraparte. Ambas circulan, ambas tienen consecuencias políticas y diplomáticas, y ambas merecen ser presentadas a los lectores con el mismo cuidado.
Este reportaje recoge las dos versiones tal y como han sido difundidas, sin tomar postura, y desarrolla el contexto histórico, legal y operativo que las rodea. Su valor no está en concluir quién dice la verdad, sino en entregar al lector los elementos suficientes para entender un debate que ya empieza a marcar la conversación pública en México y que tiene implicaciones particulares para entidades fronterizas como Chiapas.
Postura oficial · 12 de mayo, 16:25 horas
“El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”.
— Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
La versión que publica CNN
El reportaje, firmado por Natasha Bertrand, Zachary Cohen, Evan Perez y Mauricio Torres, sostiene que la Rama Terrestre de la CIA —conocida internacionalmente como Ground Branch— ha desarrollado dentro de México una campaña no reportada previamente para desmantelar redes vinculadas con el tráfico transnacional de droga. Según las fuentes anónimas consultadas por la cadena, esa actividad ha incluido desde el intercambio pasivo de inteligencia con autoridades mexicanas hasta la participación directa en acciones letales contra individuos identificados como mandos medios de organizaciones delictivas.
El reporte describe con particular detalle un caso emblemático: la explosión de un vehículo registrada el 30 de marzo de 2026 a las 18:06 horas, sobre la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 39+500, en el municipio mexiquense de Tecámac. El siniestro ocurrió minutos después de que el automóvil saliera del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y dejó dos personas fallecidas, cuyas identidades fueron confirmadas posteriormente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Una de las fuentes consultadas por la cadena, identificada como un exoficial paramilitar con contacto vigente en la agencia estadounidense, declaró que el ataque “estaba diseñado para que el público se preguntara quién lo había ejecutado”. La CIA declinó hacer comentarios cuando CNN le solicitó una postura formal. El Departamento de Estado de los Estados Unidos tampoco respondió antes de la publicación.
El reportaje añade que la presencia operativa de la agencia en México se intensificó a finales de 2025, cuando el presidente Donald Trump amplió formalmente las facultades de la CIA para llevar a cabo acciones letales y operaciones encubiertas en América Latina. En enero de 2025, esa misma administración había designado a los principales grupos delictivos mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que activó facultades adicionales para las agencias de inteligencia estadounidenses.
El propio Trump, durante un discurso pronunciado la semana del 5 de mayo, mencionó en términos generales que una “fuerza terrestre” estadounidense ya operaba en México para perseguir a traficantes, aunque no entró en detalles sobre la naturaleza de esa fuerza.
📺 Para consultar la versión completa
El reportaje original de CNN en español está disponible en su sitio oficial: cnnespanol.cnn.com. Para una contextualización en video sobre las tensiones bilaterales recientes, France 24 publicó un análisis en su canal de YouTube: ¿La CIA opera en México? Sheinbaum pide explicaciones a Trump.
La versión del Gobierno de México
El pronunciamiento del secretario García Harfuch fue difundido a través de la cuenta institucional del funcionario y plantea, con un lenguaje que no admite interpretación intermedia, una postura institucional sobre la presencia de agencias extranjeras en suelo mexicano. El comunicado establece que el Gobierno federal descarta cualquier interpretación que sugiera la existencia de operaciones encubiertas, letales o unilaterales por parte de agencias extranjeras dentro del país.
El texto reconoce que la cooperación bilateral con Estados Unidos sí existe y ha generado resultados concretos para ambos países, pero precisa que esa cooperación se desarrolla bajo cuatro principios que el funcionario califica de innegociables. El primero es el respeto a la soberanía: las acciones operativas en territorio nacional corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes. El segundo es la responsabilidad compartida: ambos países asumen su parte en la atención de una problemática que cruza la frontera. El tercero es la confianza mutua: el intercambio de información debe procesarse por canales institucionales formales. El cuarto es la cooperación sin subordinación: ningún organismo mexicano puede actuar como subordinado de una agencia extranjera.
El comunicado también enumera los resultados que, según el secretario, ha generado esa coordinación durante el sexenio: detenciones de objetivos prioritarios, aseguramientos, decomisos de armas, precursores químicos, laboratorios clandestinos y recursos financieros vinculados a estructuras delictivas transnacionales. La SSPC sostiene que la cooperación bilateral, cuando se conduce por canales institucionales, es efectiva y respetuosa del marco legal de cada país.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el peritaje preliminar de la explosión del 30 de marzo encontró el artefacto explosivo dentro de la cabina del vehículo. No se hallaron indicios de que la carga haya sido arrojada desde el exterior ni colocada fuera de la unidad. Las víctimas, agregó la autoridad estatal, no estaban relacionadas con delitos cometidos en territorio mexiquense, aunque no se descartan investigaciones federales o de otras entidades.
Qué dice la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional
El marco jurídico que sustenta la postura del Gobierno federal no es coyuntural. El artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como facultad presidencial la conducción de la política exterior bajo principios normativos como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Es el pilar legal central sobre el que se construye la posición oficial mexicana frente a cualquier presencia extranjera no autorizada.
A ese principio se suma la Ley de Seguridad Nacional. Una reforma aprobada en 2020 incorporó obligaciones específicas para los agentes extranjeros que pretendan operar en México: deben contar con acreditación expresa del Gobierno federal, informar su paradero a las autoridades nacionales y entregar reportes mensuales sobre sus actividades. La presidenta Claudia Sheinbaum lo planteó con claridad en su conferencia matutina del 23 de abril: la presencia de personal fuera de ese marco podría configurar una violación constitucional, además de implicar posibles delitos contra la seguridad nacional.
“No puede haber agentes de alguna institución del gobierno de Estados Unidos operando en campo. Eso ha quedado muy claro”, expresó la mandataria mexicana en esa intervención, citada por el diario oficial La Jornada.
Qué es la Rama Terrestre o Ground Branch
La unidad mencionada en el reportaje de CNN no es una agencia desconocida en el mundo de la inteligencia. La Rama Terrestre o Ground Branch pertenece al Centro de Actividades Especiales (Special Activities Center, SAC) de la CIA, área que el propio organismo describe en sus documentos públicos como responsable de las llamadas acciones encubiertas. El lema en latín del SAC es Tertia Optio, “tercera opción”, en referencia a que la acción encubierta representa la opción que el aparato de seguridad nacional estadounidense puede ejercer cuando la diplomacia y la acción militar abierta no se consideran viables.
Los oficiales paramilitares de esta rama provienen, según fuentes abiertas como la propia enciclopedia institucional sobre el SAC, de las unidades de operaciones especiales más calificadas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y reciben formación adicional en inteligencia clandestina. Han operado en escenarios tan diversos como Afganistán, Irak, el Kurdistán y América Latina durante distintas etapas históricas.
En septiembre de 2025, la agencia Reuters publicó una investigación amplia en la que documentó, con más de 60 fuentes mexicanas y estadounidenses, la existencia de al menos dos unidades militares mexicanas “verificadas” por la CIA mediante pruebas de polígrafo administradas en territorio estadounidense. Esas unidades, conocidas internamente como “CIA vetted units”, han participado, según el reporte de Reuters, en operativos de alto perfil de los últimos años. Es información que el Gobierno mexicano no ha confirmado ni desmentido formalmente.
El antecedente que detonó el debate: el caso Chihuahua
La discusión pública sobre la presencia de agentes estadounidenses en México no comenzó este 12 de mayo. Estalló a finales de abril, cuando dos ciudadanos estadounidenses murieron en un accidente vial en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, junto a dos funcionarios mexicanos —el director de la Agencia Estatal de Investigación y su escolta— tras participar en un operativo conjunto en una zona montañosa cercana a Guachochi.
El Gobierno federal no había sido notificado del operativo. El 21 de abril, en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum exigió aclaraciones. El 22 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Roberto Velasco, entregó al embajador estadounidense Ronald Johnson un extrañamiento formal en el que el gobierno mexicano pidió información detallada sobre las actividades de los agentes fallecidos. La SRE recordó que la presencia de personal extranjero no formaba parte del protocolo de seguridad acordado entre ambos gobiernos.
El 27 de abril, el fiscal estatal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, renunció al cargo. En su pronunciamiento reconoció “omisiones” en el manejo del contacto con los operativos extranjeros y aceptó “responsabilidad política”. Días después, la fiscal especial Wendy Chávez informó que cuatro personas ajenas a la institución se sumaron al convoy estatal durante el operativo: dos de ellas eran los agentes estadounidenses fallecidos. Esas personas, según los hallazgos preliminares, iban vestidas de civil, con el rostro parcialmente cubierto, sin placas ni armas oficiales.
El Gabinete de Seguridad federal informó el 26 de abril, mediante comunicado, que uno de los agentes ingresó al país con pasaporte de visitante y otro con pasaporte diplomático, pero que ninguno contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas. La presidenta Sheinbaum sostuvo a finales de abril que la falla principal recayó en el gobierno estatal por solicitar la colaboración sin canal federal.
La Estrategia Antiterrorista 2026 de la Casa Blanca
El telón de fondo más reciente lo aporta un documento publicado por la Casa Blanca apenas seis días antes del reportaje de CNN. La Estrategia Nacional de Contraterrorismo 2026, firmada por el presidente Trump y difundida el 6 de mayo, coloca la neutralización de los grupos delictivos del Hemisferio Occidental como la primera prioridad de seguridad nacional estadounidense, por encima incluso de los grupos islamistas y los actores extremistas internos.
El texto, de 16 páginas, está disponible en línea en el sitio oficial de la Casa Blanca. En su sección dedicada a México, el documento establece que Estados Unidos continuará sus acciones contra estructuras delictivas extranjeras “incluso si eso implica operar de forma unilateral” cuando los gobiernos locales no estén “dispuestos o capaces” de colaborar. La redacción es genérica y no menciona a México por nombre en esa parte específica, pero deja una puerta abierta a la unilateralidad que el Gobierno mexicano interpreta como una señal de alarma.
Qué implicaciones tiene para Chiapas
El caso central del que habla CNN ocurrió en el Estado de México, y los antecedentes recientes se concentraron en Chihuahua. Pero el debate de fondo —sobre quién está autorizado para operar en territorio mexicano y bajo qué reglas— interesa de manera directa a entidades como Chiapas. La entidad comparte 654 kilómetros de frontera con Guatemala, alberga rutas migratorias internacionales que transitan por Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y figura desde hace décadas en los reportes oficiales sobre cooperación bilateral en seguridad.
En lo que va del actual sexenio, Chiapas ha sido escenario de diversos operativos coordinados por instituciones federales como la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Gobierno estatal encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar. Esos operativos —ejecutados íntegramente por autoridades mexicanas— ilustran el modelo institucional que el Gobierno federal defiende como el único válido: inteligencia mexicana, decisiones operativas mexicanas, mando mexicano.
Para los habitantes de la zona fronteriza, la conversación tiene una dimensión cotidiana. La cooperación entre México, Guatemala y Estados Unidos en materia migratoria y de seguridad se ha conducido a través de mecanismos formales: el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la SRE como canal diplomático y la SSPC como instancia operativa. Ninguna de esas estructuras contempla la presencia directa de agencias estadounidenses sobre el terreno chiapaneco.
La pregunta que el reportaje de CNN deja abierta, y que va más allá de un caso puntual, es si la dinámica que describe podría llegar a replicarse en otras entidades. La SSPC federal lo descarta de manera frontal. Pero el debate está instalado, y en Chiapas se entrelaza con las tensiones de los últimos meses: amenazas arancelarias, declaraciones presidenciales estadounidenses sobre operaciones militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y un entorno bilateral cada vez más tenso.
Lo que coincide y lo que diverge entre las dos versiones
Aunque las dos versiones son aparentemente contradictorias, comparten algunos puntos. Ambas reconocen que existe cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Ambas reconocen que esa cooperación ha producido resultados operativos en años recientes. Y ambas reconocen, con énfasis distintos, que la frontera norte y la situación de los grupos delictivos transnacionales constituyen una preocupación común.
Donde divergen es en la naturaleza y los límites de esa cooperación. La cadena estadounidense plantea, con base en fuentes anónimas, que ya existen formas de implicación operativa directa por parte de agentes estadounidenses dentro del territorio mexicano. El Gobierno mexicano sostiene, con un comunicado público firmado por un secretario de Estado, que esa implicación no existe y que cualquier cooperación se limita al intercambio de información por canales institucionales formales.
El peritaje preliminar del caso central reportado por CNN, en manos de la Fiscalía mexiquense, apunta hacia una lectura distinta a la que ofrece la cadena estadounidense: el explosivo no fue arrojado desde el exterior, como podría desprenderse de un escenario de ataque dirigido, sino que estaba dentro de la cabina del vehículo. Esa línea, todavía no concluyente, no descarta otras hipótesis, pero introduce un elemento que matiza la narrativa de un asesinato selectivo facilitado por agentes externos.
Qué sigue en la agenda pública
La presidenta Sheinbaum encabezará la conferencia matutina del Pueblo este miércoles 13 de mayo desde las 7:30 horas en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. La transmisión es pública y se difunde en vivo por el canal oficial de la Presidencia en YouTube. Se prevé que la mandataria amplíe el posicionamiento difundido por el secretario García Harfuch y aborde, una vez más, las preguntas que ha planteado de manera reiterada: desde cuándo, bajo qué acuerdos y con qué autorización ha operado personal extranjero en distintas regiones del país.
El Congreso de la Unión, donde el caso de Chihuahua ya derivó en citatorios para comparecer a las autoridades estatales involucradas, podría sumar nuevos llamados en los próximos días. La Fiscalía General de la República, que abrió una investigación específica por la presencia de agentes extranjeros en el operativo chihuahuense, tendrá que pronunciarse también sobre el caso reportado este 12 de mayo.
Mientras tanto, en Chiapas la cobertura del tema seguirá girando alrededor de lo que ya se sabe: que la frontera sur es una zona crítica para los flujos transnacionales, que las autoridades mexicanas mantienen el mando operativo, y que la cooperación con cualquier gobierno extranjero —sea Guatemala o Estados Unidos— se procesa por los conductos formales que establece la Constitución. Lo que pase en las próximas Mañaneras, en las cámaras del Congreso y en el intercambio diplomático con Washington marcará el siguiente capítulo de un debate que, lejos de cerrarse, apenas empieza a escalar.
