Dos años sin autoridad: la Sierra vivió bajo control del crimen

Durante más de dos años, la Sierra de Chiapas estuvo bajo control del crimen organizado: sin salud, educación ni libre tránsito, los pobladores vivieron atrapados en la violencia y el abandono institucional.

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Comunidades enteras quedaron sin salud, educación ni libre tránsito; las familias estuvieron sometidas a los grupos armados.

Durante más de dos años, los municipios de la Sierra de Chiapas estuvieron prácticamente abandonados por las autoridades, mientras grupos armados impusieron su ley. Pobladores de comunidades, ejidos y localidades enteras vivieron sin libre tránsito, con servicios básicos interrumpidos y bajo el asedio constante de la violencia.

En palabras de la propia Fiscalía, “la violencia que se vivió en la Sierra fue la más que hubo, donde no había libre tránsito para las personas (…) muchos pueblos y comunidades tuvieron ausencia total de la autoridad por más de dos años”.

Las carreteras que comunican a Frontera Comalapa, Motozintla, Chicomuselo y La Trinitaria, hasta llegar a Comitán, fueron tomadas por grupos criminales. Según los testimonios recogidos en la rueda de prensa, estas vías resultaban imposibles de transitar: “por más de dos años estaban tomadas por grupos generadores de violencia y era imposible circular”.

El abandono fue tal que escuelas y clínicas de salud permanecieron cerradas, mientras las familias se resguardaban en sus casas durante semanas enteras ante los enfrentamientos armados. “Los espacios institucionales que existían en los municipios de la Sierra fueron tomados por los grupos criminales (…) quedó la gente a merced de la delincuencia y no tenían ni siquiera los derechos elementales que debe tener toda persona”, admitieron las autoridades.

Aunque hoy se reporta la reapertura de escuelas y clínicas, así como la recuperación de transporte público y vías de comunicación, la crisis de la Sierra dejó una fractura social difícil de reparar. En esa región, el tejido comunitario fue golpeado por la violencia y la falta de respuesta institucional.

La versión oficial asegura que el libre tránsito se ha restablecido, pero el cuestionamiento persiste: ¿cómo fue posible que durante tanto tiempo los municipios permanecieran sin presencia del Estado y bajo el control de los grupos criminales?

 

 

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