El gobierno de Chiapas formalizó la propuesta para eliminar al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado, organismo autónomo que hasta ahora garantizaba el derecho ciudadano a saber y a proteger su información.
La iniciativa enviada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar al Congreso local establece la extinción del Instituto y la transferencia de sus funciones a un nuevo órgano desconcentrado, que estará jerárquicamente subordinado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La reforma propuesta modifica los artículos 5 y 100, y deroga el artículo 102 de la Constitución local, lo que implica la desaparición total del órgano autónomo garante.
“Las adecuaciones legislativas deberán considerar la eliminación del Órgano Garante Estatal (…) y la integración del órgano desconcentrado que asumirá sus funciones”, se lee en la iniciativa.
La justificación presentada se alinea con la reforma federal publicada el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, en la que se ordenó la extinción del INAI a nivel nacional. Chiapas se convierte así en uno de los primeros estados en replicar esta decisión, con lo que los derechos de transparencia y privacidad dejan de estar garantizados por una institución independiente.
¿Qué hacía el Instituto que desaparece?
Según su propia misión institucional, este organismo tenía el objetivo de:
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Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.
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Proteger los datos personales en posesión de sujetos obligados.
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Promover la apertura del quehacer público.
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Generar confianza ciudadana y fomentar la participación.
Ahora, todas estas funciones quedarán en manos de una estructura dependiente del Poder Ejecutivo.
Lo que dice el decreto:
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Artículo 5: Se reconoce el derecho a la información y se adiciona el derecho a la protección de datos personales.
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Artículo 100: El Instituto de Elecciones asumirá parte de las funciones en temas de partidos políticos.
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Artículo 102: Se deroga.
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Transitorio: Se da un plazo de 30 días para aprobar legislación secundaria que formalice la extinción.
Con esta reforma, Chiapas se suma a la tendencia nacional de centralizar el control de la información pública y los datos personales en estructuras dependientes del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, organizaciones civiles y especialistas advierten que la desaparición de organismos autónomos pone en riesgo los avances en transparencia, vigilancia ciudadana y combate a la opacidad gubernamental.
