En septiembre 588 personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de la violencia.
En lo que va del 2023 el estado de Chiapas se encuentra entre las entidades con más número de casos por desplazamiento a causa de la violencia, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Tan solo en el mes de septiembre, la se registraron cuatro eventos de desplazamiento interno causado por violencia en México, tres en Chiapas y uno en Guerrero.
De los tres eventos de desplazamientos en Chiapas, 588 personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de la violencia.
En el caso de Chiapas, 68 familias fueron desplazadas de la cabecera municipal de Chicomuselo, tras negarse a participar de las actividades del grupo criminal “El Maíz”, vinculado a integrantes del crimen organizado.
Las familias denunciaron que también se les prohibió vender en el mercado local, afectando sus medios de subsistencia. Algunas de los desplazados buscaron alojamiento con amigos y familiares en el mismo municipio, mientras que otras no tenían un lugar seguro a donde ir.
Las personas afectadas intentaron obtener apoyo con las autoridades municipales, pero estas habrían exigido documentos que acreditaran la propiedad de sus viviendas, por lo que no pudieron interponer denuncias.
De acuerdo con testimonios, las viviendas de las personas desplazadas estarían siendo ocupadas por personas que aceptaron participar en los actos violentos promovidos por el grupo “El Maíz”.
Por otra parte, Cuatro líderes comunitarios de la zona lacandona fueron evacuados de emergencia junto con sus familias tras ser amenazados por un grupo armado. Previamente representantes de la localidad de Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo, habían enviado una carta a la Secretaría de Gobernación expresando temor por la vida e integridad de los líderes comunitarios. Como respuesta las autoridades estatales y federales tomaron medidas urgentes para sacarlos de su comunidad en helicóptero.
En los municipios de Motozintla y Mazapa de Madero, la violencia del crimen organizado obligó a por lo menos 60 familias a abandonar sus hogares. Aprovechando el restablecimiento parcial del servicio de transporte, las familias huyeron para protegerse de los actos de violencia e intimidación perpetrados por grupos criminales que controlan la zona. Denunciaron que la electricidad, el internet, la distribución de gas y los supermercados han estado funcionando de manera intermitente en la región.
