Denuncian obstaculización de la justicia en caso ‘Salazar’

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Eric Ordóñez
Eric Ordóñezhttps://alertachiapas.com/
Comunicólogo por vocación, Master en Administración Pública por convicción. Nocturno, amante del café y la botana, reportero de @AlertaChiapas

Señalan posibles engaños a las autoridades de justicia del Gobierno de Chiapas por tráfico de influencias del ex diputado Emilio Salazar.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- A través de una carta enviada al Ejecutivo Estatal, el contador Emilio Enrique Salazar Narváez, quien se ha acreditado ante la autoridades como Administrador Único del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH), Universidad Salazar, informó sobre posible tráfico de influencias en el caso que sostiene contra uno de sus hijos.

En la misiva, Salazar Narváez puntualizó que existen sospechas de que algunas áreas de procuración de justicia del Gobierno de Chiapas podrían estar siendo corrompidas por el ex diputado Emilio Salazar Farías, situación que perjudica -principalmente- a la comunidad universitaria.

El también reconocido por la Secretaría de Educación del Estado como legítimo rector de la universidad, enumeró en el escrito los acontecimientos de los que ha sido víctima junto con familiares:

1. Emilio Enrique Salazar Farias, mediante la falsificación y simulación de actos jurídicos y escritos judiciales, ha despojado de todos y cada uno de los bienes y derechos respecto al IESCH que nos corresponden a mi, su padre Emilio Enrique Salazar Narváez, a su tía María Guadalupe Farias López (esposa de Federico Luis Salazar Narváez) y al resto de su familia.

2. Maria Guadalupe Farias López y yo somos los legítimos propietarios del inmueble en el que se ubican las instalaciones principales del IESCH, en Tuxtla Gutiérrez.

3. Maria Guadalupe Farias López y yo, en nuestro carácter de copropietarios del bien inmueble, presentamos una querella por el delito de despojo (RA 218-101-0205 2022), en contra de Emilio Jr. y otros, quedando acreditada la ocupación violenta que llevó a cabo Emilio Jr., así como la propiedad y posesión en favor de Emilio Sr y su cuñada, la identidad del sujeto activo, así como la ubicación del bien, medidas y colindancias. Sin embargo, hasta el momento no se ha restituido el inmueble, pues Emilio Enrique Salazar Farias (hijo) ha falsificado, uno tras otro, todo tipo de actos jurídicos (actas de asambleas y contratos), así como escritos judiciales y los ha presentado en los distintos procedimientos que también se encuentran en curso, engañando a las distintas autoridades intervinientes pretendiendo dotar de una aparente licitud a sus actos.

4. Mediante falsas asambleas, donaciones, compraventas, escrituras, laudos arbitrales y otros ha despojado y robado todo un patrimonio familiar construido durante años. En la última de sus artimañas falsificó un contrato de arrendamiento con opción de compra en el que supuestamente mi cuñada y yo le vendemos el bien inmueble cuyo despojo hemos denunciado. El contrato es falso, certificado por un notario público vinculado. a proceso penal por haber realizado falsificaciones similares y absolutamente absurdo en cuanto a su contenido; es decir, cae por su propio peso.

5. No obstante, con motivo del poder económico que ostenta, así como de las redes de tráfico de influencias, impunidad y corrupción que tejió en el pasado como funcionario público, que subsisten y se resisten a la cuarta transformación, existen fuertes presunciones de que ha corrompido a notarios y a autoridades de todos los niveles y poderes para obstaculizar el acceso a la justicia de Emilio Enrique Salazar Narváez y el resto de su familia.

6. Las autoridades de todos los niveles y poderes no actuarán en consecuencia si Usted, señor Gobernador, no interviene. Así nos lo han manifestado. Es por ello, que, ante la extraña pasividad, quietud e inactividad de las autoridades, le solicitamos su valioso apoyo en el presente asunto para que exhorte a las autoridades a que nos restituyan de los bienes y derechos que nos corresponden, pues es el patrimonio que durante años hemos construido.

Finalmente, Emilio Enrique Salazar Narváez y  Maria Guadalupe Farias López, reconocieron al gobernador del Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, como un garante del Estado de Derecho, por lo que solicitaron su intervención para hacer justicia en el caso de despojo.

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