Samuel Revueltas/Gabriela Coutiño

 

Como si se tratara de un territorio en guerra, la desolación permea en esta tierra fértil. Casas destruidas, incendiadas, baleadas; estigmas de que Venustiano Carranza es un pueblo dividido, al acecho de las balas.

El 25 de abril de 2021 las hostilidades volvieron por el conflicto agrario que desde 1970 mantienen entre la Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza y la que se conoce ahora como Alianza San Bartolomé de Los Llanos.

Si el 25 de abril la Casa del Pueblo se declaró en alerta es porque acordó recuperar tierras que asegura le fueron despojadas. Pues de las 11 mil 200 hectáreas de la Alianza, insiste en que sus linderos han avanzado hasta 18 mil.

Las acusaciones de enfrentamientos son mutuas, ambos grupos se señalan de paramilitares, de estar siendo financiados por caciques, de iniciar ataques; pero en medio, hay familias que sufren por no tener donde vivir, que se mantienen desplazadas.

La Secretaría General de Gobierno por medio de comunicados ha dicho que Venustiano Carranza es una prioridad en la agenda sociopolítica de Chiapas; no obstante poblados como San Bartolomé, Yaxch´en de los pobres, Santa Isabel Las Delicias, El Cerecillo y Tierra Blanca, lucen como sitios en guerra.

El conflicto por la disputa agraria entre la Organización Campesina Emiliano Zapata OCEZ – Casa del Pueblo, y la Alianza San Bartolomé de Los Llanos, en el municipio de Venustiano Carranza, cumplió el 30 de junio 67 días de que se agudizaron las confrontaciones entre ambas organizaciones, y hasta el momento no se avisora ninguna solución pues familias enteras indígenas tzotziles totiques viven en la incertidumbre al permanecer desplazados y en otros casos aislados.

El miércoles 30 la Casa del Pueblo recibió 25 vehículos de los 31 que el pasado 4 de mayo durante un enfrentamiento en la línea que divide las tierras comunales les fuera retenidos por integrantes de la Alianza. De acuerdo al comisariado Javier Mendoza, el gobierno se comprometió a repararles las unidades algunas de ellas desvalijadas.

La Casa del Pueblo dio a conocer que el conflicto intracomunitario desde el año pasado generó el desplazamiento forzado de 72 familias (230 personas) pobladores de la comunidad Nuevo San Bartolomé y Yash-chén de los pobres, los que se encuentran refugiados algunos en Laja Tendida y otros con familiares en la cabecera municipal; mientras la Alianza reconoce los desplazamientos y asegura que de ninguna manera fueron forzados a salir, “la salida fue voluntaria”, dijo el vocero Andrés Gómez Vázquez.

“Antes no lo vamos a negar, pertenecíamos a la Alianza, pero con tantos conflictos, invasiones, robos y cosas que ellos han hecho, nosotros no queremos esa situación; nuestro pecado fue decirles que no estábamos de acuerdo con lo que hacían, por lo que nos fueron a quemar 16 casas y las demás las saquearon el 26 de abril del 2020”, narró Mario Vidal Hernández, vocero de los desplazados tras señalar que dejaron abandonadas mil 500 hectáreas.

En rueda de prensa Mario Vidal aseguró que el gobierno “taparon sus oídos y sus ojos, nunca nos han dado protección a pesar de que metimos oficios en las oficinas de gobierno, fuimos a Gobernación y a derechos humanos”.

Gloria de Jesús Solano Martínez, relató que en la comunidad Nuevo San Bartolomé tenía una tiendita, pero cuando se complicaron las cosas, los integrantes de la Alianza San Bartolomé llegaban a amenazarla tocándole la puerta con palos. “Yo ya no podía dormir, abrazaba a mis tres hijos; ha pasado más de un año y todavía recuerdo las amenazas para obligarnos a salir junto con mi esposo y mi madre; dejamos todo, vivíamos felices, con la tiendita, mis gallinas y los puerquitos, sentíamos que ya podíamos salir adelante”.

Con su celular en la mano donde enseña que su casa fue quemada, Gloria de Jesus exige justicia, castigo a los culpables intelectuales, y que “el gobierno abra ya los ojos, para que seamos escuchados, porque a más de un año no existimos. Nuestro delito fue que nos deslindamos de la Alianza el día 3 de noviembre del 2020 por todo lo que hacían en cada brecheo, de robar alambre”.

Mario Hidalgo Hernández del poblado Yash-chén de los pobres, expuso que desde el 17 de abril de 2020, cuando los integrantes de la Alianza San Bartolomé de los Llanos les notificaron que ese era el plazo para que abandonaran sus viviendas, empezaron a recorrer las oficinas de las autoridades estatales, federales y de derechos humanos denunciando el atropello a sus derechos, pidiéndole la protección de las autoridades ante el temor de que entraran a asesinar a sus familias.

“Todo fue negado totalmente, nos ignoraron, taparon el problema, el gobierno decía que no estaba pasando nada, que Carranza estaba tranquilo, pero las amenazas fueron cumplidas, tuvimos que salir; y nos siguen ignorando hasta la fecha”, afirmó.

 

Queremos la paz, y la reinstalación de la mesa de diálogo: San Bartolomé de los Llanos

 

Este miércoles la Alianza San Bartolomé de los Llanos colocó dos mantas en el camino que conduce a la comunidad sede de la organización Paraíso del Grijalva donde muestra su disposición al dialogo y a la reinstalación de una mesa de diálogo. Negó que estén realizando disparos con arma de fuego en el tramo carretero Tierra Blanca al Chipilinar como asegura la Casa del Pueblo, y indicó que son objeto de una campaña difamaciones por parte de la OCEZ.

El vocero de la Alianza, Andrés Gómez Vázquez, aseguró que “desde 2001 que se deslindaron las 18 mil 290 hectáreas, hasta la fecha, no hemos salido de ese territorio, no estamos invadiendo mas, como lo maneja la Casa del Pueblo”, por lo que rechazó que hayan obligado a la gente de Nuevo San Bartolomé y Yash-chén de los pobres a abandonar sus casas; “en el caso de Nuevo San Bartolomé, les dimos ocho días, pero para que reflexionaran”.

La Alianza también mostró a un grupo de personas como desplazados de la comunidad San Bartolomé, son cien personas que asegura se refugian en Paraíso del Grijalva, “ya que el gobierno no ha cumplido con asentar a la Guardia Nacional en el poblado, solo hacen rondines con las diferentes corporaciones policiacas en los poblados de San Bartolomé, Paraíso del Grijalva, hasta la cabecera municipal de Carranza, donde la Casa del Pueblo tiene secuestrada a la población en general al cobrarle peaje para transitar”.

Los desplazados de la Alianza acompañados de otros integrantes van en el día a “darle una vuelta” a sus casas abandonadas para darle de comer a sus animales de corral. Demandan que se instale la Guardia Nacional en la comunidad San Bartolomé para que puedan regresar a sus casas.

La Alianza de comuneros indígenas tsotsiles San Bartolomé de los Llanos señaló que para mostrar su voluntad de diálogo, firmó con el Gobierno del estado un pacto de civilidad, autorizando el ingreso de las corporaciones policiacas en los terrenos comunales, “mientras que la OCEZ Casa del Pueblo, la OCEZ Región Carranza y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), se han negado a aceptar el ingreso de la Guardia Nacional”.

La Casa del Pueblo exige la reubicación de los de la Alianza y acusa que las corporaciones policiacas y al gobierno de estarlos resguardando, y están del lado de la Aliancistas; esta última denuncia a la OCEZ de mantener secuestrada la cabecera municipal.

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