Tuxtla Gutiérrez.- A casi seis años del homicidio de la niña Kimberly Isabela Albores Ramírez en la estancia infantil “Pasitos de Colores” de Secretaría de Desarrollo Social (Sededol), diversas organizaciones en Chiapas se pronunciaron para que “a la brevedad se garantice el derecho a la justicia” en este caso.
La organización sin fines de lucro recordó que fue el pasado “27 de febrero del 2015, la niña Kimberly Isabela Albores Ramírez, de 1 año 10 meses, fue encontrada muerta en la estancia infantil “Pasitos de Colores” en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Según se establece en la averiguación previa 44/CAJ16-1/2015, la causa del deceso fue ‘asfixia mecánica por ahorcamiento’, además de presentar dos lesiones en la cabeza”.
El día del homicidio de la menor, la familia no fue informada de la situación sino hasta que llegaron a recoger a la niña en el horario de salida. De hecho, pese a la gravedad del caso, nadie de la guardería dio explicación alguna de lo sucedido y ninguna persona fue detenida.
En ese entonces se consignó al penal de El Amate a la maestra Citlali Anahí Díaz de la Cruz, como presunta autora material, y a Yuridia Vinicia Sarmiento Sánchez, responsable de la guardería, como cómplice del asesinato de Kimberly.
En el pronunciamiento las organizaciones lamentaron que pese a la necropsia practicada por la Dirección General de Servicios Periciales que dictaminó claramente el ahorcamiento como causa del deceso, el juez tercero del ramo penal de delitos graves, Ernesto Hernández Ruiz, reclasificó el delito doloso como homicidio culposo –considerado no grave-, lo que posibilitó que las maestras acusadas del asesinato obtuvieran su libertad, sin pagar fianza, la madrugada del domingo 8 de marzo.
“Ignacio Sol Ramos, abogado de la familia de la Kimberly, sostiene que el juez no actuó conforme a derecho, a pesar de que dictó auto de formal prisión el 7 de marzo, resolviendo que la muerte de la niña fue resultado de un accidente”, cita el pronunciamiento.
La familia de Kimberly está apelando la resolución para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado tome en cuenta el dictamen del médico legista, y la respuesta está en proceso.
“Si se sostiene que el delito es considerado no grave se reducen considerablemente las posibilidades de acceder a la justicia y el homicidio de la niña quedará impune. Nos sumamos a la familia de la niña Kimberly Isabela para que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos ocurridos y establezcan medidas prontas y expeditas en contra de las personas responsables”.
Insistieron en que se incorporen “medidas legislativas y jurídicas para que SEDESOL asuma la responsabilidad por la operación y el personal de las guarderías”, así como “medidas para asegurar su adecuada operación evitar que estos hechos se repitan”.
