En un extenso comunicado, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) informó que la destitución de docentes que se dio a conocer fue por plagiadores y no por violaciones a los derechos humanos o por violencia de género.

De acuerdo con el escrito atribuido a la secretaria general de la UNACH, María Eugenia Culebro Mandujano, “el delito de plagio fue identificado a partir de la participación libre y voluntaria de los docentes citados en un programa federal, en el que las y los académicos se registran para cobrar un estímulo económico mensual (sobresueldo) de aproximadamente 15 mil pesos, durante un periodo de 12 meses”.

Esto se informa además, en le comunicado que soltó a los medios de comunicación:

En este sentido, detalló que conforme al origen del financiamiento del proyecto, denominado “Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente” (PEDPED), la Universidad dio parte a las autoridades competentes y, por tratarse de recurso público de orden federal, también lo hará a la Auditoría Superior de la Federación.

Apuntó que los maestros (hombres y mujeres) hoy rescindidos de la Universidad, obtuvieron beneficios económicos importantes, presentando un proyecto editorial, tal como consta con sus firmas, el cual fue sometido a una prueba a través de la herramienta digital Turnitin.

En esta evaluación se identificaron indicadores de plagio y fueron analizados en una segunda instancia por una comisión multidisciplinaria encabezada por la Secretaría Académica de la Universidad   y como resultado del trabajo colegiado, se determinó rescindir a un grupo de maestros, quienes al presentar su trabajo, se detectaron párrafos y cuartillas originales realizadas con anterioridad por otros autores, sin que contenga ninguna referencia sobre ello.

Subrayó que con el soporte de una minuta de trabajo de la Comisión Revisora, la Secretaría Académica de la UNACH, que es la instancia facultada para señalar y sancionar las faltas académicas, turnó dichos expedientes a la oficina del Abogado General de la Universidad, quien con base en un análisis jurídico, procedió a ejecutar las sanciones establecidas en la legislación, determinando las figuras de plagio así como falta de probidad y honradez.

“Adicionalmente, se presentará una denuncia ante el Ministerio Público, quien determinará si existen otros delitos dentro de los hechos. Aquí es importante destacar que el plagio es un delito del orden federal”, remarcó Culebro Mandujano.

Agregó que con base en el expediente abierto por parte de la oficina del Abogado General de la Universidad, los académicos fueron citados en noviembre del año 2020 (cada uno en diferentes horarios), donde fueron notificados de los hechos, mismos que estuvieron acompañados por el abogado del sindicato al cual pertenecen.

Culebro Mandujano puntualizó que a fin de garantizar su derecho de audiencia, a los docentes se les notificó de las irregularidades detectadas, presentando ante ellos los documentos plagiados con todas las referencias reales arrojadas, tanto por el Turnitin como por la comisión. De igual forma, abundó, se les hizo saber que el plagio representa entre un 43 y un 60 por ciento del total del documento.

Asimismo, se les brindó un plazo para ofrecer pruebas de descargo; sin embargo, al no entregar nada durante un periodo determinado , la oficina del Abogado General procedió a emitir una resolución y fueron notificados de una audiencia en diciembre pasado.

Además de dicho documento, en esa audiencia se les entregaría un cheque correspondiente a la primera quincena de diciembre, y otro en el que se incluyen sus prestaciones irrenunciables (aguinaldo, vacaciones y prima vacacional).

Toda vez que no se presentaron a esta audiencia, se les depositó a su cuenta bancaria personal, el importe de la primera quincena del mes de diciembre del año 2020.

“Con respecto a la resolución institucional y el cheque con las prestaciones antes mencionadas, se entregarán ante la autoridad laboral para lo conducente, una vez que ésta reinicie actividades que, al día de hoy, se encuentran suspendidas por la emergencia sanitaria del COVID-19”, refirió.

La funcionaria universitaria enfatizó que este hecho no es un asunto de violación a derechos humanos o de género, ya que el caso está eminentemente vinculado a la honestidad académica, que surge de una muestra aleatoria y revisada a través de una herramienta digital, así como de un grupo colegiado.

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