El juez de control que depende de Juan Óscar Trinidad, del Poder Judicial, tiene antecedentes que lo ligan con personajes que entorpecen la impartición de justicia
Samuel Revueltas
Sin entender el porqué el médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, acusado de abuso de autoridad por supuestamente solicitar medicamentos, había recibido del juez de control la prisión preventiva aún cuando se aportaron todos los elementos de prueba para lograr su liberación, surgió una incógnita.
-¿Quién es el juez? –soltó una periodista.
-Carlos… Carlos Inocencio Hernández Urbina –intervino el asistente de la defensa.
-Este asunto, les voy a dar una referencia que a mí me tocó llevar similar–empezó el abogado Miguel Negrón-.
Carlos Inocencio Hernández tiene historia en la impartición de justicia. En Chiapas, en el gobierno de Juan Sabines Guerrero, una de la detenciones que generó casi el mismo efecto que Grajales Yuca fue con Héctor Aníbal Bautista.
Al implicado, trabajador de informática del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (CONECULTA), que dirigía Marvin Lorena Arriaga, le sembraron pornografía en la computadora para detenerlo.
El abogado recuerda que de la nada hicieron un delito y que el resultado tenía trasfondo y era político. Héctor apoyaba a periodistas en el sostenimiento de páginas, cuando empezaba a tomar fuerza el trabajo periodístico en la web.
El periodista Isaín Mandujano compartió en sus redes que esto sucedió en 2010 y que la prefabricación del delito fue con la intensión de censurar y perseguir voces disidentes.
El juez de control en ese entonces era Jorge Segismundo Rotter Díaz, quien hoy es fiscal de Procedimientos Penales y Carlos Inocencio Morales, su discípulo.
“¿Pero quién es ese juez de consigna ahora?, es Carlos Inocencio Hernández Urbina. Amigo, fiel y discípulo de quien fue su maestro en su formación como juez, Jorge Segismundo Rotter Díaz”, indicó.
El Poder Judicial de Chiapas, al mando de Juan Óscar Trinidad Palacios, a sabiendas de los antecedentes pone en tela de juicio la impartición de justicia imparcial a la ciudadanía.
Hernández Urbina es licenciado en Derecho por la UNACH, maestro en Derecho Penal por la Universidad de Tlaxcala, maestro en Juicios Orales por el Instituto de Profesional de Estudios del Sureste y doctor en Derecho Público por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales.
Ha sido agente del Ministerio Público para asuntos indígenas, adscrito a la Subprocuraduría de Justicia Indígena en 1997, jefe de oficina de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en Ocosingo hasta 1999, así como defensor de oficio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, en materia familiar, adscrito a diversos Juzgados del ramo civil y penal.
También secretario proyectista del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas en Motozintla, secretario de estudio y cuenta de diversas Salas Regionales Penales y Mixtas, subdirector regional del Instituto de la Defensoría Pública en el Estado, juez de primera instancia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y juez de control y enjuiciamiento con adscripción en el Juzgado de la Ciudad de Tapachula .
Su historial da cuenta de una carrera comprometida con el derecho, pero sus relaciones con Rotter, su mentor, quien ostenta un cargo público en la Fiscalía, ponen en duda la garantía de impartición de justicia.
