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Chiapas: Más de 10 000 víctimas de desplazamiento forzado: Frayba

En Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, hay una constante escalada de violencia que parece no tener fin

Gabriela Coutiño

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 8 Julio.- En los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, donde cientos de personas viven en situación de desplazamiento interno forzoso, “hay una constante escalada de violencia que parece no tener fin, y en los últimos meses los ataques con armas de fuego de alto calibre son a diario”, denunciaron El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México AC (FISANIM – Fideo).

“Anteriormente disparaban desde barricadas lejanas, ahora los disparos son directamente a los campesinos y comuneros cuando van a sus cultivos. Durante el mes de junio y lo que va julio, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama reportó 74 agresiones armadas a San Pedro Cotsilnam, Yetón, Tabak, KoKo’, Xuxch’en, Tselepotobtic, Chivit y la cabecera municipal de Aldama”.

Lo anterior, lo denuncian en una carta pública el Frayba y el FISANIM, dirigida al presidente Andrés Manuel López, al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y al Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas.

La misiva que fue leída por la actriz y defensora Ofelia Medina, afirma que “actualmente son 2,036, personas víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de Aldama, por la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación No. 71 /2019”.

Por su parte el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite, ha denunciado 8 agresiones en Kanalumtik, en los puntos conocidos como Tsamtechen, Tseleltik, la comunidad de Pom en el tramo Chacojton, y Cruz Cacanam de Chalchihuitán, así como en Las Limas comunidad límite de Chenalhó.

En Chalchihuitán son 1,237 personas víctimas de desplazamiento forzado, y por este hecho la CNDH emitió recomendación 87/2018 y así también tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Medida Cautelar No. 882-17), señala la denuncia.

Por su parte, la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ha manifestado con preocupación las amenazas e intimidación que viven constantemente las 31 personas desplazadas de Los Chorros, además de la ineficiencia de las autoridades municipales y del Estado de Chiapas, para poner un alto a las acciones de violencia en Chenalhó.

Las Abejas de Acteal cuentan con la medida cuatelar CEDH/VARSC/MPC/069/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el expediente CEDH/805/2019.

Todo lo anterior, destacó Ofelia Medina, “es del extenso conocimiento de los funcionarios municipales y estatales; su respuesta ha sido escasa, lenta, inadecuada e ineficiente puesto que la situaciónn se agrava cada día”.

“El Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del estado de Chiapas, no ha cumplido con su cometido. La situación de emergencia alimentaria de las familias en situación de desplazamiento forzoso, como es también de su conocimiento, es cada vez más grave”, destacó.

Por lo que “como organizaciones de derechos humanos vemos la necesidad de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, realice un trabajo urgente para atender a las víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas”, demandó.

Ofelia Medina, refirió que las organizaciones de las comunidades desplazadas han tenido innumerables reuniones y acuerdos con autoridades municipales y estatales, también han hecho viajes a la ciudad de México para entrevistarse con autoridades de la Secretaría de Gobernación y con diputados y senadores.

“Funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población han visitado la zona, sostenido reuniones con autoridades municipales, estatales, con los representantes de los desplazados y con el Frayba. También han hecho entrega de alimentos. A la fecha no ha habido solución a la violencia”.

Dijo que el 26 de mayo del presente año, el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, manifestaron la urgencia de la atención a las comunidades desplazadas ya que debido a la pandemia están en un estado muy alto de riesgo por la falta de infraestructura de salud, y una crisis alimentaria.

Pero, “¿Por qué no se ha procedido a detener y a enjuiciar a quienes han sido identificados como los agresores de las comunidades desplazadas y a los autores intelectuales de estas agresiones que tienen por propósito despojarlos?, ¿Quién protege a los paramilitares que aterrorizan la región? ¿Quién los arma?”, cuestionó.

La misiva destaca que “esta situación de vulnerabilidad pone a las comunidades desplazadas en un alto riesgo de contagio de COVID-19, debido a la marginación y exclusión extrema, por la desnutrición y falta de alimentación adecuada, por carencia de servicios de salud y sanitarios, por inaccesibilidad al agua de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales. Principalmente las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres se encuentran entre la población de alto riesgo ante esta pandemia”.

Ambas organizaciones de derechos humanos exigen un alto a la violencia paramilitar en Chiapas; así como se reconozcan y atienda de manera urgente y prioritaria la emergencia alimentaria que padecen las personas en desplazamiento interno forzado de las comunidades de Aldama, Chalchihuitán, Los Chorros, Chenalho.

Así como la situación crítica de San Antonio Patbaxil, Carmen San José del municipio de Chilón, desplazados de la zona baja del municipio de Tila, que están en el municipio de Palenque, los de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Pedro Hidalgo y San Pedro la Grandeza del ejido Jotolchen, municipio de San Andrés Duraznal, Banabil del municipio de Tenejapa.

“Siendo un total de 10 mil 113 víctimas de desplazamiento forzado en el estado de Chiapas, víctimas de la violencia paramilitar y criminal de grupos armados protegidos por funcionarios de los gobiernos municipales y estatal, movidos por intereses oscuros y de despojo”, manifestaron.

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