En la Mira / Héctor Estrada
En aunque no se veía venir, el incremento a los combustibles terminó desatando en Chiapas una guerra frontal entre el gobierno de estado y el sector transportista; en un asunto que ya nada tiene que ver con la defensa de la economía familiar, sino con la medición de fuerzas entre un gobierno que ha visto desboronar su poderío y una mafia acostumbrada a doblegar voluntades mediante el chantaje constante.
Las amenazas mutuas expresan el enfrentamiento campal entre ambos bandos, donde las mesas de negociación han sido completamente inútiles. El conflicto entre el gobierno de Manuel Velasco y los concesionarios de transporte público parece complicarse con el paso de los días y la negativa tajante de los dos frentes para mover sus posturas.
Así, mientras de un lado se advierte un paro transportista a mayor escala, del otro se amenaza con la revocación de concesiones y la asignación de permisos temporales a choferes. En ambos casos la razón y la ley los asiste, por lo que dicho conflicto podría transitar al plano de lo jurídico si los dichos se hacen finalmente efectivos.
Y es que Bersaín Miranda Borrás no es un personaje nuevo en la escena pública de la política chiapaneca. Se trata del mismo personaje que durante los últimos años se ha valido de su poder de movilización como líder del transporte público en Chiapas para acceder a una serie de beneficios económicos, fondos gubernamentales y hasta puestos públicos.
Miranda Borrás es uno de los cuatro líderes del transporte en la entidad que a lo largo de la última década, de manera astuta, han acumulado el mayor número de concesiones. Sus vínculos estratégicos con los gobernantes en turno y la corrupción evidente dentro de la Secretaría de Transportes de Chiapas les han facilitado amasar el ilegal imperio que hoy ostenta.
Su desproporcionado empoderamiento durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero los colocó en sitios privilegiados, pero además les mostro la ruta para mantener una práctica de extorsión sistemática y periódica que en cuestión de seis o siete años les permitió elevar el costo del pasaje dentro del transporte público en más de un 30 por ciento.
Los señores dueños del transporte público en Chiapas han evitado por años exponer sus ingresos reales y el número de unidades (con o sin renta de placas y prestanombres) que están verdaderamente bajo su posesión. Han omitido cifras concretas como los 36 mil pesos mensuales que en promedio ingresan por cada una de las unidades en servicio.
En datos duros, son mil 200 pesos que se deben entregar como cuenta diaria por unidad, el resto es salario para el o los choferes que ni siquiera cuentan con prestaciones laborales mínimas como el acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, vacaciones, días festivos, fines de semana, fondos de ahorro para el retiro y ya ni hablar de aguinaldo o jubilación.
Y sobre el chofer (que realmente es quien trabaja la unidad y por lo tanto la concesión) también recae la responsabilidad de pagar la gasolina. No sobre la cuenta diaria que recibe el concesionario cómodo, cuya única responsabilidad es mantener la unidad en buenas condiciones, cosa que claramente no se cumple a cabalidad en la mayoría de los casos. Y es ahí donde se explica la antipatía ciudadana cuando los transportistas salen a exigir reajustes tarifarios.
Evidentemente no se puede generalizar. Hay transportistas que cumplen con lo establecido por la ley, pero lamentablemente son los menos. Por eso, una posible regulación de concesiones apunta a convertirse en la ganadora de esta guerra intempestiva de fuerzas, porque los transportistas parecen estar solos, sin el respaldo de la ciudadanía y así resulta más complicado.
Los siguientes días serán decisivos para definir la situación del transporte público en Chiapas. No deberá pasar de la próxima semana para que algún acuerdo forzado termine definiéndose ante el doblegue de alguna de las partes. Mientras tanto tocará a la ciudadanía aguantar las complicaciones que implica estar en medio de semejante lío.
