En la mira / Héctor Estrada
Mientras muchos indignados fijan su mirada en el norte y se desviven en acusaciones por los malos tratos que reciben los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, en la frontera sur de México definitivamente no se predica con el ejemplo, y muestra de esto es le reciente caso donde un grupo de migrantes cubanos que hoy viven una pesadilla en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula.
Según una serie de denuncias hechas públicas a través de distintos medios de comunicación, el pasado jueves un grupo de 20 migrantes cubanos solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) y de derechos humanos debido a un presunto caso de extorsión y detención arbitraria.
Los denunciantes explicaron que bajo presiones presuntos agentes migratorios les están obligando a comprar un amparo para evitar ser deportados a Cuba. Según las declaraciones, el documento debe ser tramitado en un supuesto juzgado del estado de Puebla y significa un costo de mil 400 dólares.
A decir de los isleños, desde el interior de la Estación Migratoria Siglo XXI, catalogada como la más grande en América Latina, acosan a los familiares en Estados Unidos para exigirles el pago del dinero y ser liberados a fin de quecontinúen su camino al norte.
Denunciaron que son objetos de maltrato psicológico, de mantenerlos retenidos en contra de su voluntad desde hace más de 80 días, además de que no les otorgan atención médica, los mantienen hacinados y a los menores, algunos de ellos con discapacidad, se les ha separados de sus padres.
El caso que resulta escandaloso ha comenzado a tener eco a través de los medios de comunicación y redes sociales, por lo que las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) decidieron este viernes “lavarse las manos”, mediante un comunicado, donde aseguraron que la extorsión para conseguir el amparo es cometido por abogados locales dedicados a ese tipo de prácticas.
El INM de plano decidió desmarcarse de la acusación, desmintiendo los supuestos maltratos cometidos al interior de la estación migratoria. Aunque admitieron la posibilidad de extorsión, simplemente asumieron el problema como un tema fuera de su competencia y responsabilidad.
Más allá de quién tenga culpabilidad en esta serie de graves acusaciones, lo que salta nuevamente a la luz es la indefensión y vulnerabilidad con la que muchos inmigrantes cruzan el territorio nacional, donde las autoridades contribuyen al ambiente de inseguridad y alto riesgo que “los ilegales” en México tienen que enfrentar.
No es un asunto nuevo, pues según expedientes del Movimiento Migrante Mesoamericano, durante los últimos ocho años se ha registrado la desaparición de entre 70 mil y 150 mil personas que atraviesan de manera ilegal la frontera sur; donde –según organizaciones no gubernamentales- al menos el 50 por ciento de las mujeres inmigrantes son violadas o victimas de bandas dedicadas a la trata de blancas.
Apenas a finales del pasado mes de enero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al Gobierno de Chiapas por el asesinato de dos hondureñas que habían denunciado la persecución que sufrían por parte de una banda delincuencial en la entidad. Las autoridades ignoraron la denuncia, no brindaron protección y días después las mujeres fueron encontradas ejecutadas a bordo del tren.
Son casos recurrentes que deberían avergonzarnos, con decenas de indocumentados asaltados, violentados, abusados sexualmente, extorsionados o asesinados que cruzan las fronteras del sur en busca del mismo “sueño americano” que mueve a miles de mexicanos para cruzar de manera ilegal la frontera con los Estado Unidos.
Es una realidad lastimosa que debería poner a recapacitar a muchos mexicanos sobre lo que se exigen al vecino del norte y no se aplica al interior de “la casa”, pues hoy lamentablemente en México aún hace falta mucho para predicar con el ejemplo en lo a trato migratorio se refiere.
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