En la mira / Héctor Estrada

Con argumentos evidentemente discriminatorios y en un claro desacato al resolutivo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de Chiapas decidió interponer un “recurso de revisión” contra el amparo otorgado a 51 personas para legalizar los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo en Chiapas.

Aunque parezca increíble, tomando en cuenta nueva realidad jurídica y las directrices internacionales en materia de derechos humanos, el legislativo estatal ha optado por abordar el camino más sinuoso en torno al tema del matrimonio igualitario en Chiapas, donde los señalamientos y el descrédito para la legislatura chiapaneca serán una factura inevitable.

Para recapitular un poco, el pasado 27 de febrero el Juzgado Segundo de Distrito resolvió como inconstitucionales los artículos 144, 145 y 298 del Código Civil estatal, por lo que concedió un amparo en favor de 51 personas y sus parejas para poder contraer matrimonio de manera legal en la entidad chiapaneca.

El resolutivo fue sustentado con base a lo dictaminado hace dos años por la SCJN que declaró inconstitucional los párrafos del código civil que limitaban el matrimonio como un derecho exclusivo de las parejas heterosexuales, por lo que instó –desde ese entonces- a todas las entidades federativas a realizar las reformas que armonizaran los códigos locales con las nuevas disposiciones federales.

El reclamo de leyes equitativas, en donde está incluido el matrimonio igualitario, no es una ocurrencia surgida de la noche a la mañana, se trata de derechos universales fundados en acuerdos internacionales con ya varios años de vigencia y en el propio artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se trata de acuerdos internacionales firmados por México, como Los Principios de Yogyakarta en sus apartados 1, 2, 3 y 24; la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas en sus puntos 1, 2, 3, 10 y 11; o simplemente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en sus artículos 1 y 25.

Aún con todos estos documentos básicos en materia de jurisprudencia y derechos humanos, los diputados chiapanecos decidieron contraponerse a lo que marca la ley y desafiar al máximo órgano de justicia a nivel nacional. No sólo no acataron la recomendación emitida por los tribunales federales, si no pidieron revocar la resolución.

Sin embargo, lo que resulta más vergonzoso son los argumentos utilizados para solicitar el recurso de revisión. El documento, en lugar de leerse como un texto jurídico emanado de un legislativo estatal, parece todo un discurso moralista salido una de las tantas doctrinas eclesiásticas donde se enjuicia a la preferencia sexual como algo que “atenta contra la familia”.

De manera textual, el legislativo chiapaneco calificó al amparo que permitiría a la población homosexual poder acceder al matrimonio como un acto que: “agravia al Congreso Local, transgrede la institución jurídica preestablecida en la concepción natural o jurídico-cultural que da pauta al matrimonio y figuras que surgen como consecuencia de ello”.

En sus argumentos legales, el legislativo estatal va más allá. Hace diferencias entre las relaciones amorosas de las parejas heterosexuales y homosexuales, comparando este tipo de relaciones entre personas del mismo sexo con las que se sostienen entre “un hijo y un padre, entre hermanos o entre amigos”.

Los argumentos evidentemente discriminatorios, fuera de toda lógica jurídica y carentes de sustento resultan un agravio no sólo para la población homosexual, sino para todos aquellos involucrados en la defensa de los derechos humanos. Aquí deberán salir todas las voces sin distingo para pedir explicaciones al poder que se supone debería representar a todos los sectores sin distinción alguna.

Y es que, lamentablemente, este es un hecho que habla de la carencia de buenos legisladores, de verdaderos representantes populares, de diputados realmente preparados para abordar temas que requieren de cabeza fría, de un Congreso chiapaneco de poca altura que antepone los “compromisos morales” antes que a la ley misma.

En la mira / Héctor Estrada

En el combate que hoy se libra en Chiapas para hacer frente a enfermedades como el dengue o el recientemente popularizado chikungunya algo no está saliendo bien. Durante los últimos meses el reporte de casos confirmados ha presentado drásticos incrementos, generando una psicosis colectiva en la costa de Chiapas.

De acuerdo a las más recientes cifras publicadas por la Secretaría de Salud, en la entidad chiapaneca se han contabilizado hasta el momento 192 casos confirmados de chikungunya, además de otros mil 885 casos sospechosos que se han sumado a las estadísticas de dengue común.

Lo alarmante de la situación es que de diciembre de 2014 a marzo de 2015 lo casos confirmados se han elevado a más del doble, pasando de 74 casos a finales del año pasado a los casi 200 contabilizados por las autoridades de salud estatal hasta el presente mes de marzo.

Junto a Chiapas, Guerrero y Oaxaca son las entidades que mayor incidencia de chikungunya registran, con 128 y 78 casos confirmados del virus, respectivamente. Los datos confirman un incremento considerable en el número de enfermos tanto a nivel local como nacional.

Después de controversial influenza H1N1 ningún otro virus había generado tanta alarma entre la población chiapaneca, principalmente en los municipios de la costa estatal, donde el temor al contagio, la psicosis sintomatológica y los rumores fatales sobre la enfermedad parecen hacer más crítica la situación.

Definitivamente algo no está saliendo conforme lo planeado o de plano la situación real ha sobrepasado la capacidad de las autoridades sanitarias para contener dicha enfermedad.

Y es que, aunque aún no ha iniciado de manera formal la temporada de lluvias en Chiapas, el número de contagios mantiene repuntes constantes con el paso de las semanas; no han dado tregua pese a los más de 59 millones de pesos que la Secretaría de Salud en Chiapas ha invertido para hacer frente a la propagación del virus.

Aunque oficialmente el chikungunya no es considerado una enfermedad que provoque la muerte, la histeria colectiva ha popularizado ya múltiples historias “alarmantes” de enfermos crónicos a los que el contagio del virus les ha arrebatado la vida. Son historias habituales en escenarios epidémicos que también hablan un poco de miedo colectivo.

Con la proximidad de Semana Santa y el crecido flujo de vacacionistas movilizándose entre la costa de Chiapas y otras regiones de la entidad las alertas también se estarán incrementando aún más.

Con un margen de aproximadamente tres meses previos a la temporada de lluvias es hora de redoblar esfuerzos.

Es ahora el tiempo justo para darle la dimensión real a la situación y endurecer las medidas de control que permitan por fin una disminución en el número de contagios, pues si las medidas aplicadas hasta el momento no han resultado será prudente entonces replantear las estrategias.