Una decena de protestas esperaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su arribo a Tuxtla Gutiérrez.
Familiares de víctimas de feminicidios, desplazados, docentes que buscan plazas, personas que piden esclarecer crímenes, organizaciones en materia de movilidad, entre muchos más, se le plantaron al presidente afuera de la 7a Región Militar.
Ahí en la calle estaba la familia de Damián, el niño fallecido el 7 de febrero al interior de una guardería, que por descuido cayó a la alberca. Ellas y ellos esperaron al presidente, quien posteriormente instruyó los atendiera.
También llegó la mamá y la abuela de Kimberly, una niña que falleció también dentro de una guardería en el 2015 y cuyo resultado de la necropsia arrojó que a la pequeña la habían ahorcado. Han pasado 8 años y la justicia no llega para Kim.
Un grupo de desplazados de municipios como Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, protestaron para que el presidente les solucione la posesión de tierra que les fue despojado desde 1994 por los zapatistas.
Además llegaron los familiares de los 19 desaparecidos de Pantelhó, quienes acusan a el Grupo de Autodefensa El Machete de haberlos secuestrado. Ellos se saltaron las vallas para poder llegar al presidente de México.
Un sector importante de estudiantes se plantaron afuera de donde el mandatario mexicano dio su conferencia de prensa mañanera, como este grupo de egresadas de enfermería que solicitan que les otorguen su título, toda vez que la universidad Salazar no tienen legalizada la carrera.
Otro grupo de docentes le pidió a Andrés Manuel que libera más plazas para profesores de telesecundaria.
Y los normalistas, quienes exigieron la restitución de sus compañeros y docentes expulsados, por protestar por mejoras a la educación.
El grupo Menos puentes más ciudad se acercó a López Obrador para que redirecione el recurso dispuesto para puentes en mejoras a calles y banquetas de Tuxtla.
En tanto que una vecina de la colonia Nueva Edén le reclamó al delegado de Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos, que no ha podido realizar la regularización de esas tierras que le ordenó el presidente, en una visita hace cuatro años.
El superdelegado dio a entender que esa no era su responsabilidad.
