Organizaciones plantean que la nueva Ley de Aguas reconozca el trabajo de las comunidades, pero también garantice respaldo técnico y recursos públicos.
En comunidades rurales e indígenas de Chiapas, garantizar agua segura no depende únicamente de la infraestructura pública. Comités y habitantes son quienes diariamente vigilan las fuentes, realizan mantenimiento y buscan prevenir riesgos para la salud.
En Tenejapa y Sitalá han permitido detectar posibles contaminantes, revisar las condiciones de tanques y fuentes de abastecimiento y aplicar medidas preventivas como la cloración o el hervido del agua.
En San Francisco, Tenejapa, habitantes aprendieron a realizar monitoreos básicos y llevar los resultados a las asambleas para tomar decisiones. Mientras que en La Unión, Sitalá, estudiantes, familias y autoridades revisaron las condiciones de su sistema de agua.
El problema es que estas comunidades realizan buena parte de estas tareas con recursos y capacidades limitadas, por lo que organizaciones como Alianza Aguas Comunes y RED+AGUA Chiapas plantean que la nueva Ley de Aguas reconozca su trabajo, pero también garantice respaldo técnico y recursos públicos.
Advierten que el reto es que una nueva legislación no parta únicamente de las carencias, sino también de las soluciones que ya existen en el territorio.
Mientras el debate sobre el agua se concentra en infraestructura y nuevas reglas, en cientos de comunidades de Chiapas hay familias que todos los días mantienen funcionando sus propios sistemas y convierten la organización comunitaria en una primera línea de defensa para acceder a agua segura.
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