Organizaciones civiles han documentado que muchas personas trans encuentran cerradas las puertas del empleo formal, por lo que terminan desempeñándose en actividades informales como única alternativa para subsistir.

En México y Chiapas, la desigualdad tiene rostro e identidad. Mientras para millones de personas un acta de nacimiento es un documento cotidiano, para la población trans representa el primer paso para acceder a derechos básicos. En Chiapas, ese reconocimiento legal llegó apenas hace unos días, tras aprobar la Ley de Identidad de Género. La ENDISEG 2021 del INEGI estima que cerca de 909 mil se identifican con una identidad de género trans o no binaria.

La discriminación también impacta en la economía. Organizaciones civiles documentan que muchas personas trans encuentran cerradas las puertas del empleo formal, por lo que terminan desempeñándose en actividades informales, estéticas, comercio, servicios o trabajo sexual como única alternativa para subsistir. Aunque la ley reconoce derechos, la realidad sigue marcada por la exclusión laboral, educativa y en los servicios de salud.

Las activistas advierten que el reconocimiento jurídico no basta cuando persisten casos de desapariciones y violencia. Denuncian que muchas investigaciones ni siquiera respetan la identidad de las víctimas, dificultando su búsqueda y revictimizando a las familias. Para ellas, el acceso a la justicia sigue siendo una deuda pendiente.

Para quienes durante años encabezaron esta lucha, el reto ahora es convertir el reconocimiento legal en igualdad real: acceso al empleo, a la salud, a la educación y, sobre todo, a una vida libre de violencia y discriminación.

Reportero y comunicador tuxtleco. Apasionado por el arte y la cultura chiapaneca. Participante activo de eventos culturales de sociedad civil. Creador audiovisual y gestor de proyectos. Promotor cultural...

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