Imagine usted esta escena, que se repite cada día en Chiapas: una mujer tsotsil lleva tres meses tejiendo en su telar de cintura, sentada en el patio de tierra de su casa en Zinacantán, los hilos azules y morados anudándose en un huipil que en el mercado de San Cristóbal podría venderse en mil quinientos pesos. Pero en la entrada del mismo mercado, junto a su puesto, hay otro puesto. En ese puesto venden huipiles idénticos al suyo —el mismo diseño, los mismos colores, la misma flor en el centro del pecho— por trescientos cincuenta pesos. La diferencia es que esos huipiles llegaron en bulto desde Guatemala, hechos a máquina en horas, no en meses. Y a la tejedora se le quedan los huipiles sin vender.
Esa escena se repite todos los días en mercados de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Palenque y Chiapa de Corzo. Ahora hay una ley estatal que pretende, al menos en papel, empezar a ponerle un freno.
Lo que dice el decreto
El Congreso del Estado aprobó el Decreto número 243 publicado este miércoles 20 de mayo en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas Núm. 106, que adiciona la fracción VI al artículo 9 de la Ley de Desarrollo y Protección a la Actividad Artesanal del Estado de Chiapas. La iniciativa fue impulsada por la diputada Ana María Solís Ruíz.
La nueva fracción obliga al gobierno estatal a “promover ante las autoridades competentes la implementación de políticas y mecanismos regulatorios orientados a la protección de la autoría intelectual en la actividad artesanal; a la comercialización justa de sus productos y a la prevención de prácticas abusivas, tales como la apropiación indebida, la imitación y la explotación no autorizadas de las creaciones elaboradas por las personas artesanas”.
En el considerando del decreto, el Congreso reconoce un dato duro: las artesanías similares importadas desde Guatemala y China han afectado el negocio del artesano chiapaneco en un 50 por ciento.
La cifra detrás del fenómeno
Chiapas es, junto con Oaxaca y Guerrero, uno de los tres estados con mayor producción artesanal del país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recogidos en el Diagnóstico Situacional del Sector Artesanal del FONART, en la entidad hay 24 mil 888 artesanos registrados, sólo por debajo de Oaxaca (451 mil 837) y Estado de México (46 mil 072).
El decreto reconoce un dato aún más sensible: en el estado, 7 de cada 10 familias indígenas dependen total o parcialmente de la actividad artesanal para vivir.
| Especialidad | Municipios principales | Pueblo originario |
|---|---|---|
| Textiles (huipiles, blusas, fajas en telar de cintura) | Zinacantán, Larráinzar, Chenalhó | Tsotsil |
| Alfarería y barro | Amatenango del Valle | Tseltal |
| Joyería de ámbar | Simojovel, El Bosque | Tsotsil/Mestizo |
| Lacas y madera (jícaras, máscaras) | Chiapa de Corzo | Zoque/Mestizo |
| Cestería de palma e ixtle | Diversas regiones | Tseltal/Tsotsil |
| Laudería (instrumentos musicales) | Diversas regiones | Mestizo |
| Cerería (velas tradicionales) | Diversas regiones | Tsotsil/Tseltal |
Más del 50 por ciento del empleo artesanal lo ejercen mujeres, en su mayoría de entre 25 y 44 años, según información del INEGI sistematizada por FONART.
El ámbar de Simojovel: el caso más documentado del plagio
Chiapas produce 292 kilos de ámbar al mes, equivalente al 90 por ciento de la producción nacional, concentrada en los municipios de Simojovel y El Bosque. Es uno de los productos artesanales más expuestos al plagio internacional.
Un estudio académico publicado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) documenta el caso de manera explícita. Sus autores describen que compradores chinos llegaron a Simojovel a mediados de la década pasada, llegaron a pagar hasta 280 pesos por gramo de ámbar de primera calidad y posteriormente, una vez controlado el flujo, ofrecían sólo entre 80 y 100 pesos por el mismo gramo.
La parte más grave: los compradores asiáticos no se limitaron a transportar el ámbar, sino que “clonaron” las esferas y piezas de joyería, replicándolas industrialmente y devolviéndolas al mercado a precios contra los que ningún artesano de Simojovel puede competir.
La realidad de los textiles: Aldama y la deuda de 572 mil pesos
Para los textiles, la batalla no sólo es con productos importados. También hay revendedores que abusan internamente. En febrero de este año, Alerta Chiapas documentó que el revendedor Alberto López Gómez adeudaba 572 mil pesos a un grupo de artesanas de Aldama, municipio de Los Altos, después de haberles comprado huipiles y blusas sin pagar. Las mujeres dependían de esos ingresos para subsistir.
Hay también organización defensiva. La asociación Sna Jolobil (“casa del textil” en tsotsil), fundada en 1976, es la cooperativa artesanal más antigua de Los Altos. Tiene su base en San Cristóbal de las Casas y agrupa a tejedoras de varios municipios tsotsiles y tseltales que han buscado, por décadas, vender directamente a compradores y exportar sin intermediarios.
Lo que el decreto puede y no puede hacer
Aunque la reforma manda al gobierno estatal a “promover” políticas de protección, el propio considerando del decreto reconoce los límites del alcance estatal. La propiedad intelectual y la propiedad industrial son competencia federal: están reguladas por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ambas administradas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Lo que sí puede hacer Chiapas, conforme al texto del decreto:
- Establecer mecanismos de coordinación con el IMPI federal para tramitar denominaciones de origen específicas de Chiapas
- Generar políticas estatales de comercialización justa
- Crear instrumentos administrativos para acercar a los artesanos los registros de marca colectiva
- Promover esquemas que prevengan prácticas abusivas en mercados estatales
El decreto no penaliza directamente al revendedor que paga menos ni al importador que trae bultos desde Guatemala. Eso seguirá en el terreno federal o, en su caso, en el del derecho comercial.
Qué sigue
El decreto entra en vigor este jueves 21 de mayo, al día siguiente de su publicación. La responsabilidad de aterrizarlo recaerá principalmente en la Casa de las Artesanías del Estado de Chiapas (Casart) y en la Secretaría de Turismo estatal. El reto inmediato es que las “políticas y mecanismos regulatorios” que ordena el decreto pasen del papel a la operación. Sin eso, la tejedora de Zinacantán seguirá tejiendo tres meses un huipil que en el puesto vecino se vende, en versión guatemalteca o china, en una mañana.