El Programa Especial Concurrente (PEC) revela una brecha de ingresos abismal: los habitantes del campo ganan 48% menos que quienes viven en las ciudades. Con 13 millones de personas en pobreza rural a nivel nacional, el Gobierno Federal identifica a las comunidades indígenas de Chiapas como las zonas de mayor vulnerabilidad y prioridad para el actual sexenio.
En México, 1 de cada 5 personas vive en el campo, y de esas 26.7 millones, casi la mitad enfrenta condiciones de pobreza. Así lo documenta el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) 2026-2030, publicado el 13 de abril en el Diario Oficial de la Federación. Para Chiapas, donde la población rural supera a la urbana en una gran parte del estado, estas cifras nacionales retratan la realidad cotidiana de los 124 municipios.
Chiapas: el retrato más nítido del campo mexicano
De acuerdo con el diagnóstico del PEC 2026-2030, “la población rural en México asciende a 26,688,539 personas, lo que representa una quinta parte de la población”. De estas, 13 millones viven en pobreza (45.8%) y 3.9 millones en pobreza extrema. Chiapas, con sus comunidades dispersas en la Selva, los Altos, la Sierra y la Fronteriza, es una de las entidades donde esta realidad pesa con mayor fuerza.
Durante el sexenio anterior, el número de personas en situación de pobreza rural a nivel nacional se redujo en 4.4 millones, en el marco del Primer Gobierno de la Transformación. Sin embargo, el propio programa reconoce que “persisten desafíos en términos de una población rural que presenta carencias sociales y de bienestar económico”. Los dos principales retos identificados son los bajos ingresos y la prevalencia de la pobreza multidimensional.
La brecha de ingresos: casi el doble
El PEC documenta que el ingreso per cápita en el medio rural es de aproximadamente $4,500 pesos, mientras que en las zonas urbanas asciende a $8,600. Es decir, una persona que vive en el campo gana en promedio un 48% menos que una de la ciudad. Entre los hogares rurales, los ingresos por actividades agropecuarias representan apenas el 20% del ingreso total, lo que muestra la dependencia creciente del campo respecto a remesas, empleos temporales y apoyos sociales.
En pobreza extrema por ingreso, la brecha es todavía más grave: el 18.8% de la población rural vive por debajo de la línea, más del doble que el 6.7% urbano. En términos absolutos, 5.3 millones de personas en el campo no tienen un ingreso suficiente ni siquiera para satisfacer sus necesidades alimentarias.
Pobreza concentrada en comunidades indígenas
Uno de los datos más relevantes del programa para el contexto chiapaneco es el relacionado con los pueblos indígenas. Según el INPI, “existen en el país 15,673 comunidades indígenas y afromexicanas en espacios rurales, en las cuales viven 1.8 y 1.6 millones de personas indígenas en situación de pobreza extrema, respectivamente”. Es decir, 3.4 millones de indígenas y afromexicanos rurales sufren las condiciones más severas de privación en el país.
Chiapas concentra una porción importante de esas comunidades. Los Altos de Chiapas, con municipios como San Juan Chamula, Chenalhó, Zinacantán, Tenejapa, Oxchuc o Huixtán, y la Selva, con Ocosingo, Las Margaritas o Altamirano, son territorios donde habita buena parte de la población tsotsil, tseltal, chol y tojolabal del estado. El PEC reconoce que “la pobreza se manifiesta de forma más pronunciada en las comunidades indígenas de las zonas rurales”.
Once punto cinco millones de personas que trabajan en el campo
Durante el Primer Gobierno de la Transformación (2018-2024), en promedio se emplearon 11.5 millones de personas en el ámbito rural, de las cuales 6.6 millones lo hicieron en actividades primarias (agricultura, ganadería, pesca, aprovechamiento forestal). Sin embargo, en 2024 la ocupación en actividades primarias cayó a 6.4 millones, la cifra más baja en los últimos 10 años, de acuerdo con la ENOE.
Entre estos se encuentran 2.5 millones de personas jornaleras, muchas de ellas desplazadas estacionalmente entre sus comunidades de origen y los campos agrícolas del noroeste del país. Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las principales entidades expulsoras de mano de obra jornalera hacia Sinaloa, Sonora y Baja California.
Un ingreso que no alcanza
El PEC también advierte sobre la limitada inclusión financiera del campo. Solo el 22.6% de la población rural utiliza algún instrumento de crédito, y apenas el 11.4% tiene acceso a según tipo de seguro. En el caso específico del crédito agropecuario, la penetración llega apenas al 4.2% entre las unidades de producción de pequeña y mediana escala; y el uso de seguros agropecuarios, como mecanismo de administración de riesgos frente a sequías, heládas o lluvias extremas, es de menos del 2% a nivel nacional.
Esta baja inclusión financiera impide a las familias campesinas invertir en infraestructura productiva, capitalizar sus unidades de producción o recuperarse de siniestros climáticos. En Chiapas, cuya actividad agropecuaria se centra en café, maíz, frijol, cacao, miel, mango y ganado bovino, la ausencia de crédito y seguros es una de las principales limitantes para escalar la productividad.
| Indicador | Población rural | Población urbana |
|---|---|---|
| Personas en pobreza | 45.8% | 25% |
| Personas en pobreza extrema por ingreso | 18.8% | 6.7% |
| Con al menos una carencia social | 87.8% | — |
| Con 3+ carencias sociales | 45.6% | — |
| Rezago educativo | 32.2% | 14.8% |
| Sin alimentación nutritiva | 21.6% | 12.4% |
| Sin seguridad social | 74.6% | — |
| Acceso a crédito formal | 22.6% | — |
| Ingreso per cápita | $4,500 | $8,600 |
Fuente: PEC 2026-2030, con datos de Pobreza Multidimensional 2024 (CONEVAL), ENIGH 2024, ENOE 2024 e INPI 2025.
La apuesta federal: dos objetivos, doce estrategias
El PEC 2026-2030, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 8 de abril y coordinado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a cargo de Julio Berdegué, establece dos objetivos centrales: (1) incrementar los ingresos de la población rural por actividades agropecuarias, pesquero-acuícolas y otras opciones productivas, y (2) garantizar el acceso a los derechos sociales de alimentación, salud, educación y vivienda en las localidades rurales.
Entre las líneas de acción destacan el fortalecimiento del sistema Alimentación para el Bienestar (Ap B), el impulso a productos estratégicos como el maíz blanco, cacao, café, miel y frijol, y la reactivación del turismo rural y las artesanías. Todas estas líneas tienen particular relevancia para Chiapas, estado productor de café, miel, cacao y destino de turismo comunitario.
El PEC involucra a 17 secretarías federales más la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). La coordinación entre SADER, Bienestar, Salud, Educación, SEMARNAT, CONAGUA, SEDATU y CONAVI será clave para que el territorio rural chiapaneco empiece a recibir, de manera integrada, la atención que durante décadas ha faltado.
El reto de los próximos cinco años
El desafío es monumental. El programa reconoce que la brecha rural-urbana responde a problemas históricos: concentración de servicios en ciudades, dispersión geográfica del campo, débiles mercados locales, rezago en comunicación terrestre y falta de instrumentos financieros acordes a la economía rural. Resolverlos en cinco años sería un hito histórico.
Para Chiapas, el reto tiene nombres y apellidos: los 106 mil jóvenes chiapanecos que no acceden a la universidad, los 160 mil hogares sin agua entubada, las 1 millón 10 mil 514 viviendas en rezago habitacional, los municipios de los Altos con más del 80% de población indígena y las zonas fronterizas donde la migración define la demografía. La pobreza rural no es una abstracción: tiene rostros y territorios. El PEC, por fin, los reconoce como prioridad nacional.
