El Congreso de Chiapas fue el primero del país en aprobar por unanimidad la reforma al artículo 127 constitucional que limita las pensiones de funcionarios de entidades públicas. La medida ya fue avalada por 18 congresos estatales. Jubilados de Pemex exigen que no se les aplique retroactivamente.
Mientras la discusión nacional sobre las llamadas “pensiones doradas” genera polémica entre jubilados, legisladores y especialistas en derecho laboral, Chiapas fue el primer estado de México en aprobar la reforma. Lo hizo con el voto unánime de las y los diputados de la LXVIII Legislatura.
La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución y establece que las pensiones del personal de confianza en entidades públicas —organismos descentralizados, empresas del Estado, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos— no podrán exceder la mitad del salario del presidente de la República.
¿Qué cambia con esta reforma?
Actualmente, algunos exfuncionarios de Pemex, CFE y otras entidades públicas reciben pensiones que superan los 100 mil pesos mensuales — en algunos casos documentados, más de lo que gana el propio presidente. La reforma pone un tope a esas pensiones.
La medida excluye a las Fuerzas Armadas, las aportaciones voluntarias a cuentas individuales, las aportaciones sindicales complementarias y la pensión no contributiva (Pensión para el Bienestar).
Lo más polémico: en sus artículos transitorios, la reforma contempla que pensiones ya otorgadas también se ajusten al nuevo tope, lo que ha generado recursos legales por parte de jubilados que consideran que esto viola el principio de no retroactividad.
La respuesta de los jubilados
Las Asociaciones de Jubilados de Confianza de Pemex emitieron un pronunciamiento público pidiendo a los legisladores actuar con “sensibilidad y responsabilidad” en las leyes secundarias. Advierten que modificar condiciones de retiro previamente establecidas vulnera derechos consolidados y genera incertidumbre jurídica para miles de personas que ya tomaron decisiones de vida basadas en su pensión.
¿Qué significa para Chiapas?
Para los trabajadores del sector público en Chiapas —maestros, médicos, burocráticos estatales y federales— la reforma no afecta directamente a quienes están bajo régimen de ISSSTE o sistemas estatales de pensiones. Pero sí marca un precedente jurídico sobre los límites a las remuneraciones del sector público, y podría tener efectos en futuras reformas a nivel estatal.
Que Chiapas haya sido el primer estado en aprobarla refleja la alineación política del Congreso local con la agenda federal de la presidenta Sheinbaum, y sienta un antecedente que será observado con atención por otros órganos legislativos.
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