El Frayba denunció que la directora Dora Roblero fue víctima de un allanamiento, interpretado como represalia por su trabajo. El hecho se suma a una preocupante escalada de ataques contra quienes defienden los derechos humanos en el estado.
La noche del lunes 22 de julio, la vivienda de Dora Lilia Roblero García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), fue allanada en lo que se considera un acto represivo y de represalia por su trabajo como defensora. La organización denunció que esta agresión se suma a una escalada de hostigamientos recientes en Chiapas contra quienes defienden el territorio y la vida comunitaria.
De acuerdo con el testimonio difundido por el Frayba , el allanamiento ocurrió alrededor de las 19:52 horas, cuando una vecina notó la puerta abierta. Familiares y compañeros confirmaron la chapa forzada, ventanas abiertas y objetos alterados. Las lámparas exteriores también fueron manipuladas y no funcionaban.
La situación obligó a activar el botón de emergencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, la respuesta oficial fue lenta y deficiente, según acusó el Frayba . Policías municipales llegaron una hora después, tomaron una entrevista y se retiraron sin realizar diligencias. Agentes de la Guardia Estatal acudieron pero no activaron protocolos de seguridad, lo que fue calificado como negligencia institucional.
Este no es un hecho aislado. Es el segundo allanamiento contra integrantes del Frayba en menos de diez meses. En su informe más reciente, “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”, el centro alertó sobre el creciente riesgo para los defensores de derechos humanos, en especial en regiones indígenas y comunidades en resistencia.
Cabe señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantiene activas las Medidas Cautelares MC-5210 a favor del Frayba, lo que implica una obligación directa del Estado mexicano de garantizar su seguridad. Este nuevo ataque, dicen, representa una violación a compromisos internacionales.
Diversas voces se han sumado a la condena. La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas , la Parroquia de San Antonio de Padua en Simojovel, organizaciones sociales y el Pueblo Creyente expresaron su solidaridad con Dora Roblero y denunciaron una política de criminalización encubierta de omisión.
El obispo Rodrigo Aguilar Martínez, desde la Vicaría de Justicia y Paz, declaró que el hostigamiento a los defensores refleja el deterioro institucional y una política que silencia a quienes protegen la dignidad humana. Por su parte, el Pueblo Creyente exigió una investigación seria y el cese inmediato del acoso.
El Frayba interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito Altos, registrada bajo el número RA 0958-078-0305-2025, por el delito de allanamiento y los que resulten. Sin embargo, en su comunicado advirtió que “la justicia difícilmente vendrá del aparato gubernamental”, recordando los casos impunes del catequista Simón Pedro y del sacerdote Marcelo Pérez Pérez.
El pronunciamiento cierra con un mensaje claro: “En estos momentos oscuros es vital defensor la vida de quienes luchan por la justicia en Chiapas”.
