La comunidad tsotsil Bautista Chico impuso sanciones de hasta 50 mil pesos por venta de drogas. La decisión, basada en usos y costumbres, contrasta con el marco penal federal, pero busca proteger su territorio.
Las comunidades de los Pueblos Originarios tampoco escapan del flagelo moderno. En un ejercicio de autogobierno y defensa comunitaria, la asamblea de Bautista Chico, municipio de Chamula , aprobó nuevas y severas sanciones económicas contra la venta y el consumo de drogas, en respuesta al avance del narcomenudeo y recientes hechos de violencia.
Mediante carteles visibles en la entrada del pueblo, la comunidad informó que quien sea sorprendido vendiendo estupefacientes será sancionado con 50 mil pesos, mientras que el consumo de drogas se castigará con cinco mil pesos, sin importar si se trata de habitantes o visitantes.
El acuerdo comunitario también establece penas por la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública: los vendedores no autorizados deberán pagar hasta 10 mil pesos, mientras que beber en la calle costará mil pesos. Si el infractor genera disturbios en estado de ebriedad, se le impondrá una sanción de cinco mil pesos.
Estas medidas se adoptaron en un contexto de indignación y duelo. A finales de junio, Bautista Chico fue sacudido por el feminicidio de la regidora tsotsil Lola Patricia, una joven de 26 años que, de acuerdo con las autoridades, fue asesinada por su esposo tras una discusión doméstica. El crimen ocurrió el mismo día que las autoridades estatales visitaron la comunidad para presentar una reforma legal que propone penas de hasta 100 años de prisión para feminicidas.
Aunque las sanciones locales se enmarcan en los usos y costumbres reconocidas constitucionalmente para los pueblos indígenas, contrastan con lo que establece el Código Penal Federal. El artículo 475 de la Ley General de Salud estipula que la venta de narcóticos sin autorización puede castigarse con hasta ocho años de prisión y multas de hasta 400 días de salario mínimo. Las penas aumentan si se involucran menores, se comen en escuelas o centros de salud, o participantes funcionarios públicos.
Este desfase entre normativas revela una brecha estructural: mientras el sistema de justicia ordinario avanza con lentitud, las comunidades optan por soluciones inmediatas ante problemas que amenazan su paz interna.
En Chiapas, donde la presencia institucional es intermitente y la violencia se ha vuelto parte del paisaje cotidiano, los pueblos originarios han asumido la responsabilidad de protegerse.
