El gobierno aprueba medidas para resguardar a policías, alcaldes y personal de justicia en riesgo, pero no detalla cómo ni cuándo se aplicarán.
Ser policía, alcalde o funcionario del sistema de justicia en Chiapas se ha convertido en una labor de alto riesgo. En zonas controladas por el crimen organizado o bajo conflicto armado, cumplir con el deber público puede costar la vida.
Esta semana, el Gobierno del Estado reconoció públicamente ese riesgo mediante la publicación del Decreto No. 249 en el Periódico Oficial del Estado, donde se autoriza la implementación de medidas especiales de protección para servidores públicos que enfrenten amenazas derivadas de su función.
El documento menciona que estas acciones deben dirigirse a quienes se desempeñan en gobernabilidad, seguridad pública, justicia o derechos humanos. Ordena que los tres poderes del Estado, ayuntamientos y organismos autónomos actúen para brindar acompañamiento, resguardo o medidas correctivas.
Sin embargo, el decreto no define cómo se activarán esas medidas, quién las coordinará, con qué presupuesto se operarán ni bajo qué criterios se determinará quién está en riesgo. Tampoco hay un listado de cargos, zonas prioritarias ni mecanismos de denuncia o solicitud de protección.
¿Medidas reales o solo un gesto?
El decreto reconoce un problema que ha sido documentado por medios y organizaciones civiles: el incremento de agresiones contra policías municipales, alcaldes, fiscales y personal del sistema judicial, especialmente en regiones como Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo y Motozintla.
Sin embargo, en lugar de establecer un plan operativo, la publicación se limita a formular un llamado general a “coordinarse” y actuar con enfoque de derechos humanos, sin indicar responsabilidades claras ni fechas de cumplimiento.
En los hechos, la mayoría de los funcionarios en zonas de conflicto siguen trabajando sin protección, sin protocolos, sin escoltas y, en muchos casos, bajo amenazas directas. Alcaldes han abandonado sus cargos; policías han sido emboscados; operadores de justicia han optado por guardar silencio o solicitar traslados discretos.
¿QUÉ DICE REALMENTE EL DECRETO 249?
| ELEMENTO | DETALLE |
|---|---|
| Nombre | Decreto No. 249 |
| Publicación | Periódico Oficial del Estado, 7 de mayo de 2025 |
| Qué ordena | Implementar acciones de protección a servidores públicos en riesgo |
| A quién aplica | Personas que laboran en seguridad, justicia, derechos humanos o gobernabilidad |
| Qué medidas menciona | Acompañamiento, resguardo, acciones preventivas o correctivas |
| Qué omite | No establece responsables, protocolos, presupuesto, plazos ni mecanismos de activación |
CONTEXTO OMITIDO EN EL DECRETO
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En 2024, Alerta Chiapas documentó al menos 19 policías asesinados en el estado, muchos de ellos municipales.
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Varios alcaldes han renunciado o solicitado licencia tras recibir amenazas del crimen organizado.
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En municipios con presencia armada, el Estado ha sido rebasado y los funcionarios operan en condiciones de vulnerabilidad extrema.
