Denuncian diversos delitos en el caso que causó indignación por la negligencia que llevó a la agonía y muerte de la perrita labrador, un administrador de empresas la operó sin ser veterinario.
Denuncian diversos delitos en el caso que causó indignación por la negligencia que llevó a la agonía y muerte de la perrita labrador, un administrador de empresas la operó sin ser veterinario.
Siete meses pasaron desde aquella triste noticia sobre “Bombón”, para que la justicia llegara a la familia de la perrita labrador que murió por negligencia médica.
Sí, negligencia médica de un administrador de empresas que operó al animal sin ser veterinario, ni mucho menos contar con una cédula para su ejercicio.
Los hechos se dieron a conocer en enero pasado, pero este mes de junio se revivió el caso con una sanción sin precedentes: 45 mil pesos es lo que tendrá que pagar Christian Martín “N” y su clínica “Dog Life” por esta muerte innecesaria.
Sobre el proceso, Franny Garibaldi, directora general de la Organización No Gubernamental “Defensoría Animal, A.C”, explicó que este resultado se obtuvo el pasado 22 de mayo de 2023, luego de que se presentara una denuncia penal ante la Fiscalía Metropolitana, por daños, técnica profesional y responsabilidad.
“Es el primero que se maneja por daños porque lamentablemente en nuestro país y en muchos países, lo animales están cosificados, son cosas dentro de la ley, entonces nosotros tenemos que comprobar la propiedad…”, aseveró.
También recordó que la muerte de “Bombón” se dio luego de que fuera llevada a esterilizarla a la clínica ubicada en el fraccionamiento La Salle, de Tuxtla Gutiérrez, donde le dejaron insumos médicos en su interior, lo que causó su deceso.
“La perrita respondió muy mal los primeros días de la operación, pierde la vida por lo cual se le practicó la necropsia, sale que le dejaron gasas adentro de su cuerpo, tenía una perforación en el colon por lo cual le ocasionó una peritonitis aguda…”
Esto se conoció tras la necropsia efectuada por un patólogo especialista de la Unach, cuyas pruebas fueron presentadas en la primera denuncia ante la Dirección Municipal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, para solicitar la inspección, sanción y clausura, pero la respuesta fue negativa.
“Una vida de un animal no vale 45 mil pesos, no son los ceros, no es la cantidad, es lo que significa esto, lo que significa que sí podemos defender a los animales, que sí podemos solicitar a las autoridades apoyo…”, agregó la activista.
El proceso que sigue es dar seguimiento al delito de usurpación, pues acusó que un médico veterinario profesional es quien presta la cédula para que opere la clínica.
Respecto a la responsabilidad del Estado, denunció que ya son tres las propuestas que han ingresado al Congreso local y que se han quedado en la “congeladora”, por lo que llamó a los integrantes del Poder Legislativo a dejar los egos políticos e intereses, para darle la importancia necesaria a las iniciativas.
“Que entiendan nuestras autoridades y nuestros legisladores que la crueldad y el maltrato animal es la antesala de todo tipo de violencia”, finalizó.
