Vinicio Portela, director del portal Agencia 55, solicitó un amparo ante un tribunal colegiado administrativo para evitar ser sancionado, luego de ser señalado de violencia política en razón de género.
En entrevista, apuntó que existe una confabulación de funcionarias de órganos electorales para que su caso siga planteándose como él el responsable.
Antecedentes
A Vinicio Portela lo acusó una funcionaria de violencia política en razón de género, luego de que el año pasado publicara en su página informativa Agencia 55 la colocación en un puente de lonas donde la violentaban.
Recordó que en un primer momento, las y los consejeros señalaron que él, la agencia y otros comunicadores no eran responsables de violencia, por difundir el acto.
La funcionaria se inconformó y pidió una revisión ante el Tribunal Electoral, quien determinó que el IEPC debía estudiar el caso, acto seguido se fincaron las responsabilidades.
Una de las medidas cautelares emitidas es que Portela elimine la publicación donde revictimiza a la ofendida, no obstante aludió que es violatorio de la libertad de expresión.
Por el desacato, es que al comunicador le han solicitado información financiera para que a partir de ahí se desprenda un cálculo para una sanción.
El proceso
Vinicio Portela aseguró que no existe una sentencia firme para que lo sancionen.
“No soy sujeto de un proceso sancionador porque el Código del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana no me encuentra en este catálogo, el artículo 269 dice quienes son sujetos y entre los que están son políticos, candidatos, partidos, organizaciones que quieren ser partidos, entre otros”, aseguró.
“Hay obsesión y hostigamiento”, soltó el periodista, quien apuntó al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de abrir un nuevo proceso sancionador, independiente del original presentado por la ofendida que lo acusó de violencia política en razón de género.
Puso nombres: María Magdalena Vila Domínguez, Gloria Esther Mendoza Ledesma y Helena Margarita Jiménez Martínez, consejeras electorales, quienes en un acuerdo del procedimiento especial sancionador IEPC/PE/DEOFICIO/017/2022, le requieren información financiera.
Además, de manera específica, indicó que la consejera Helena Margarita Jiménez y la magistrada Sofía Ruiz, “son juez y parte porque están en un activismo”, al formar parte de una asociación civil que impulsa temas de reconocimiento de derechos de las mujeres como es REPARE y a la vez son quienes lo han sancionado.
Dijo conocer por integrantes de esta asociación que son ellas también quienes han redactado posicionamientos desde REPARE en su contra.
