Hace unos días, el IFT hizo público que algunas empresas, como Telnor y Telmex (que pertenecen a América Móvil), tendrán la posibilidad de aplicar sus tarifas sin limitaciones en los servicios de banda ancha de 52 municipios de nuestro país, entre los que se encuentra Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas.
Las empresas mencionadas tendrán absoluta libertad para aplicar tarifas diseñadas sin restricciones, según ha informado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Este órgano regulador se había comprometido a controlar anualmente que las empresas de Carlos Slim cumplieran con las condiciones que se habían establecido previamente, asegurando que existieran unos estándares de competencia adecuados, ofreciéndoles de esta forma un mejor servicio a los ciudadanos.
La idea del organismo es volver a supervisar el sector en un año y, si de nuevo se vuelve a concentrar el mercado de telecomunicaciones, se volvería a eliminar la libertad tarifaria y los municipios estarían sujetos a unos precios generalizados, según las tarifas que considere el instituto adecuadas para los clientes.
Lo cierto es que la libertad tarifaria no ha resultado indiferente para la industria de las telecomunicaciones y ha generado mucha controversia. Incluso más allá de los propios empresarios, académicos y especialistas han advertido que medidas como estas pueden dañar la competencia del mercado y causar lo que, curiosamente, pretende evitar el instituto: perjudicar a los consumidores.
A grandes rasgos, el IFT, en 2014, informó sobre un dominio de más del 50 % del total del mercado de telecomunicaciones en México, y llevó a cabo diversas medidas para reducir esta concentración. Algo más de dos años después, y de una consulta pública a académicos y participantes del sector, se exigió la separación funcional de Telmex y Telnor.
Entre 2015 y 2020, el instituto concluyó una diversificación de los servicios en diferentes localidades, donde antes se daba precisamente el fenómeno contrario.
Más allá de la diversidad de opiniones sobre cómo puede afectar esto al consumidor final, no cabe la menor duda de que la función de los organismos oficiales, y de las diferentes iniciativas gubernamentales, tiene que girar en torno a proporcionar los mejores servicios a los ciudadanos a precios razonables y rentables para las empresas.
En la actualidad, la cobertura de internet de alta velocidad es cada vez mayor, y esto permite también un mayor desarrollo de las diferentes comunidades. El mundo ha cambiado drásticamente durante los últimos años, y en la mayor parte de los casos, esa implementación digital ha hecho que cambien por completo los negocios.
Desde pequeñas empresas locales a grandes multinacionales, la digitalización se ha convertido en una necesidad porque los clientes prefieren acceder a servicios más accesibles y cómodos. Si antes teníamos que recorrer decenas de kilómetros para acudir a un centro de ocio y entretenimiento como son los casinos, en la actualidad podemos acceder a una oferta inabarcable con tan solo unos clics, desde el sofá de nuestras casas, y disfrutar de todo tipo de ofertas, con bonos que van desde descuentos hasta dinero y tiradas gratis.
Este tipo de cambios han afectado también a las grandes industrias del entretenimiento, que han dejado de ofrecer formatos físicos para establecer sus relaciones con los clientes prácticamente por completo a través de internet y diferentes plataformas para móvil, computadora o televisión inteligente; o a las grandes superficies del textil, que ya venden más a través de internet que en sus tiendas físicas.
En definitiva, todas las iniciativas que lleven a cabo los diferentes organismos gubernamentales son pocas si el objetivo es facilitar servicios de internet de calidad a los ciudadanos. Parece una verdad incontestable que la digitalización de nuestra vida y de nuestra actividad laboral está íntimamente ligada a la calidad de estos servicios, y cada día se convierte más en un derecho y una obligación del Estado ayudar a que las empresas de telecomunicaciones sigan poniendo en marcha sus negocios a la vez que facilitan servicios de calidad a precios justos a los ciudadanos.
