Carolina Castillo
En días pasados, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal en materia de delitos contra la vida e integridad de los animales. De acuerdo a lo establecido, se castigará hasta con dos años de prisión y multas que rebasan los 13 mil pesos a quien cause sufrimiento o lesiones a un animal de forma dolosa, o realice prácticas con fines sexuales (zoofilia); así como también, de 10 a 100 días de multa y de 60 a 180 jornadas de trabajo a quien cause la muerte a un animal vertebrado.
Según el testimonio de Claudia Cisneros, ciudadana rescatista y fundadora de Huellas Chiapas, toda noticia que tenga que ver con reformas a las leyes que impulsen el bienestar animal son bienvenidas. Sin embargo, aclara, que es importante conocer el contexto electoral en el que se da este acontecimiento, ya que estos temas favorecen a quienes mayormente conforman la Cámara de Diputados y Senadores.
“¿Por qué vemos esto con cierto recelo? Porque es fácil anunciar una ley de esta naturaleza, falta la parte del senado, pero estamos hablando, no solo de Ayuntamientos como el nuestro, sino Ayuntamientos de todas partes del país en donde no basta con decir que que tenemos leyes federales que rigen a todo el país, sino contar con la infraestructura para calificar estos delitos.”
Menciona que, en el caso específico de la zoofilia, se necesitan varios elementos para que se puedan llevar a cabo los procesos de denuncia de forma efectiva.
“Necesitamos, de entrada, una medicina legista veterinaria, que certifique que un animalito, efectivamente, ha sido violado por un ser humano, que ha sido abusado sexualmente por un ser humano. Es decir, no podemos hacer señalamientos… Sino tener la infraestructura con la cual podamos probar estos delitos. Y para esto, hay hasta exámenes de fluidos, todo lo que uno se pueda imaginar con respecto a las pruebas que se necesitan, en el que la autoridad correspondiente y calificada diga que efectivamente tal persona abusó sexualmente de este animalito.”
Agregó que esta reforma tiene un grado de complejidad pues, se requiere de buena voluntad por parte de las autoridades para crear la infraestructura que se necesita y también, voluntad por parte de las veterinarias en acompañar el proceso de denuncia sin temor a represalias.
Aclara a que sus peticiones no han sido bien atendidas ante las mesas de diálogo que ha tenido con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
“Tu servidora hizo la petición en una de esas mesas de quitar esta traba de solicitarle a los ciudadanos el dato del denunciado, porque no lo sabemos, o sea, la mayoría de la gente no lo sabemos”.
Finalmente, dijo que no ha visto avances sustantivos por parte de las autoridades de Tuxtla pero, que sí ha habido una persecución y acoso a rescatistas con quienes sí han procedido las denuncias a través de distintas dependencias, tales como riesgos sanitarios.
