Samuel Revueltas
La pareja que gobierna Simojovel fingió su separación para seguir ostentando el poder en el siguiente trienio, denunciaron habitantes de barrios y colonias que se manifestaron frente al Congreso del Estado de Chiapas.
La presidenta Viridiana Hernández Sánchez y el síndico Gilberto Martínez Andrade, llegaron a un acuerdo de separación que legalmente demuestre que no tienen relación, pero que en la práctica es asunto contrario, señaló Manuel Rodríguez Ruiz.
El reclamo hacia la pareja es que no ha cumplido con obras y proyectos en Simojovel, incluso es preciso recordar que la presidenta Viridiana Hernández fue requerida por la Comisión de Vigilancia del Congreso de Chiapas y la Auditoría Superior del Estado, por incumplir en la cuenta publica de 2019.
A nombre de las y los manifestantes, Manuel Rodríguez señaló el abuso que comete el síndico, que a decir de él, es quien dirige los destinos de obras y recursos y no la presidenta, con quien fingió el divorcio. La idea de separarse, refirió, es que con ello pueda empezar su candidatura para gobernar Simojovel.
Para empezar su carrera política en Chiapas, Gilberto Martínez ha incurrido en delitos estipulados en el Código Penal Federal, como el duplicar acta de nacimiento y CURP.
Las y los habitantes mostraron ambos documentos. Un acta muestra el registro el 5 de julio de 1977 en Tlapacoyan, Veracruz; en otra, sin el nombre de sus padres, el 28 de marzo de 2012 en Suchiapa, Chiapas; en ambos se mantiene su fecha de nacimiento.
De acuerdo con el artículo 430 del Código Penal Federal, este acto se trata de usurpación de identidad y se castiga con una pena de uno a seis años de prisión y 400 a 600 días de multa y, en su caso, la reparación del daño que se hubiere causado.
“Manifestamos nuestra preocupación debido a que esta persona es capaz de todo para obtener lucros personales, debido a que por medio de sus documentos duplicados evade impuestos y es a la vez prestanombre de empresas fantasmas”, agregó.
La manifestación fue recibida en el Congreso del Estado y en la exposición de hechos solicitaron el juicio político para el síndico.
En torno a la omisión de la presentación de la cuenta pública, la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Vigilancia, practican una auditoría relativa a los recursos públicos, a petición de los mismo pobladores.