En Arriaga el expresidente y actual subsecretario de Pesca del Estado, Alejandro Patrinos, gastó sin comprobar más de 13 mdp en 2017: ASE

Tuxtla Gutiérrez. Una revisión y análisis realizados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) al Ayuntamiento de Arriaga, señalan obras y acciones no justificadas por un importe de 13 millones 167 mil 927 pesos correspondientes al ejercicio 2017, durante la administración de Alejandro Aquiles Patrinos Fernández, actual Subsecretario de Pesca y Acuacultura de Chiapas.

El monto más alto no justificado durante la administración municipal del actual funcionario estatal, es de dos millones 268 mil 384 pesos y corresponde a partidas presupuestales relacionadas con arrendamiento de edificios y locales, así como gastos de orden social y cultural.

Derivado de la revisión y análisis efectuados por la ASE a la documentación comprobatoria y justificativa de la obra “Ampliación de la Red de Energía Eléctrica”, ubicada en la localidad de Emiliano Zapata, financiada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), con número de contrato AMA/DOMP/FISM/014/2017, el organismo constató que la obra no ha sido entregada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo que se considera erogaciones no justificadas por un importe de 538 mil 88 pesos.

Asimismo, que el Ayuntamiento que encabezó Alejandro Aquiles Patrinos Fernández, no concluyó la comprobación de los pagos realizados por una obra de rehabilitación de la red de drenaje de la localidad antes mencionada, lo que se considera Faltante de Documentación Comprobatoria del Gasto, por un importe de $617 mil 26.

La administración del actual Subsecretario de Pesca y Acuacultura, tampoco entregó la comprobación que justifica el gasto de 801 mil 946 pesos de la acción Elaboración de Estudios y Proyectos para Validación ubicada en la cabecera municipal, ni el gasto de combustible por un importa de más de 548 mil pesos.

Se tiene conocimiento de que la Auditoría Superior del Estado se encuentra auditando el ejercicio 2018 y también ha detectado irregularidades. De ser lo conducente, como consecuencia podría integrarse un procedimiento conforme a la ley de fiscalización ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para deslindar responsabilidades.

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