De acuerdo con el portal de transparencia de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, 33 de 40 diputados y diputadas han incumplido con presentar su declaración patrimonial.

Únicamente siete son los que han entregado esta obligación de transparentar sus recursos, estos son: Bárbara Melissa Mañón Campos, Dulce Consuelo Gallegos Mijangos, Marcelo Toledo Cruz, Patricia Mass Lazos, Ricardo Zepeda Gutiérrez, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo y Rosa Netro Rodríguez.

De acuerdo con el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado, dice que “La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

I.- Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la toma de posesión”.

Sin embargo, a casi un año de haber tomado posesión al cargo de diputados, sólo siete están colgados en la página de transparencia, donde destacan el del presidente de la Junta de Coordinación Política y el de la Presidenta de la Mesa Directiva.

Es importante mencionar que el Artículo 78 bis. dice que “El incumplimiento a lo establecido en el artículo 78, de esta Ley, se sancionará de la siguiente manera: I. Cuando el servidor público presente su declaración fuera de los plazos a que se refiere el artículo 78, de esta Ley, se le aplicará una sanción económica hasta por el equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en el Estado”.

Pero también, en el segundo inciso determina lo siguiente: “Cuando el servidor público no acredite haber presentado su declaración en el término establecido para ello, se sancionará con la pérdida del empleo, cargo o comisión que viene desempeñando; y, III. En el supuesto que se omita la declaración de situación patrimonial, en el término para presentarla por la conclusión del encargo, se aplicará una sanción económica hasta por el monto de treinta días de salario e inhabilitación hasta por 60 días”.

La importancia de la declaración patrimonial radica en el conocimiento que se debe tener sobre los bienes de los servidores públicos para que éstos y lo que adquieren coincida con el monto de sus ingresos, y con ello evitar que incurran en actos de corrupción.

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